Hace ya muchos años que el tema de la venta ambulante en nuestra ciudad se ha convertido en un grave problema, derivándose a partir de esa conflictiva presencia en la vía pública no sólo en reclamos por parte de los comerciantes instalados y de las instituciones que los representan, sino también la sanción de sucesivas reglamentaciones municipales que apuntaron a regularizar las distintas situaciones. Sin embargo, las evidencias acumuladas indican que el libre albedrío con que se maneja la venta informal parece ser la ley dominante.
Tal como se informó ahora en este diario, en un nuevo intento por erradicar la venta ambulante en el centro de la Ciudad, inspectores de la Municipalidad realizaron un operativo sorpresa ayer a la mañana en las cuadras céntricas, desalojándose algunos puestos. Los funcionarios municipales afirmaron que la acción apuntó a defender la actividad de los comerciantes que alquilan un local, pagan sus impuestos y contratan empleados.
Las actuaciones fueron encabezadas por la dirección de Inspecciones del Municipio, con el apoyo de la Policía Local, informándoseles a los vendedores ambulantes que debían desocupar las veredas. Según se indicó, los inspectores labraron actas contravencionales y procedieron al desalojo de puestos que vendían frutas, bijouterie y otros accesorios.
Cabría recordar que hace dos meses se realizó un operativo en el microcentro tras la difusión de un trabajo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el que se mencionaba que La Plata es la quinta ciudad del país con mayor crecimiento de la venta ambulante.
Lo cierto es que, a pesar de que este tipo de comercialización se encuentra prohibida por ordenanza desde 1993, la modalidad no paró de crecer y ello originó polémicas y hasta incidentes callejeros de magnitud, cuando se decidieron impulsar operativos de fiscalización.
Resulta ciertamente inequitativo con el comercio legalmente establecido que los organismos del Estado toleren pasivamente la presencia de la venta informal, en una situación que –según se ha señalado en esta columna en numerosas ocasiones- no atañe exclusivamente a la Municipalidad sino a las administraciones provincial y nacional, en la medida en que muchas de las violaciones legales en que incurre la venta ambulante, por ejemplo las de índole tributaria, conciernen a normas fijadas por esas jurisdicciones.
Tampoco puede ignorarse que la venta ambulante se encuentra consolidada por organizaciones de naturaleza mafiosa, con intereses millonarios, que explotan las ciertas necesidades de mucha gente que necesita trabajar. De allí, además, que sea responsabilidad compartida del Estado impedir que se propague un modo de actuar que transgrede todas las normas, entre las que no pueden dejar de citarse aquellas que interesan a cuestiones sanitarias.
En algunas oportunidades el Estado fue más allá y dispuso una serie de medidas de apoyo a la venta ambulante, habilitándose en predios especiales la instalación de puestos. Ello ocurrió al mismo tiempo en que los comerciantes –víctimas directas e inmediatas de la venta informal, siguieron haciendo frente al pago de tasas, impuestos, personal en blanco, tasas de publicidad, como todo empresario y comercio que cumple con las detalladas exigencias de las normas y leyes vigentes, obligados desde hace tiempo a competir, en creciente desventaja, con una venta informal que los desborda.
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