Las acciones de incidencia colectiva constituyen una alternativa legal que introdujo al Derecho argentino la Reforma Constitucional de 1994.
Gracias a esta figura un grupo de personas con la misma problemática puede iniciar una demanda judicial invocando un perjuicio o un derecho en común.
Se llaman de incidencia colectiva porque si bien esta acciones pueden ser iniciadas por un cierto grupo de personas, buscan defender un bien que las trasciende y, en caso de alcanzar una sentencia favorable, logran efectos para otros individuos en su misma situación.
De ahí que las acciones de incidencia colectiva encuentran su mayor expresión en el campo del Derecho Ambiental, el Derecho al Consumidor y los Derechos Humanos en general.
Si bien el nuevo Código Civil recoge el desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los últimos veinte años en torno a las acciones colectivas en nuestro país, muchos expertos aseguran que falta ahondar en su regulación procesal para establecer con mayor claridad quiénes pueden presentarlas, en representación de quién, qué alcances tienen las sentencias favorables y negativas, o si las pruebas que se producen en estos procesos pueden servir en otros.
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