El Gobierno nacional busca sancionar con penas de hasta dos años de prisión y multas económicas a funcionarios y “terceros” que revelen información acerca de quienes ingresen al blanqueo de capitales, tal como figura en el megaproyecto enviado al Congreso -que seguirá tratando hoy en Comisión-, aunque desde el oficialismo admitieron que están dispuestos a revisar ese artículo.
La iniciativa, en el artículo 85, refiere a la necesidad de “guardar secreto”, a la “reserva de identidad” de los contribuyentes que ingresen al blanqueo, y asegura que el procedimiento está “alcanzado por el secreto fiscal y regulado” dispuesto en la ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional.
El texto, además, asegura que los funcionarios políticos o judiciales y terceros “que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” incurrirán “en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”, que prevé prisión de un mes a dos años.
Sin embargo, el artículo 157 del Código Penal no habla de “terceros”: “Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”, señala el megrapoyecto.
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