El juez federal Claudio Bonadio puso ayer un punto final provisorio a una vieja historia que se debate en tribunales desde hace al menos un lustro: sobreseyó a la ex presidenta Cristina Fernández, sospechada de haber falsificado su título de abogada.
Bonadio cerró así la causa iniciada por un ex juez de la Corte correntina, Ernesto Edmundo Reggi, quien denunció penalmente a la ex presidenta por los presuntos delitos de “usurpación de títulos” y “defraudación contra la administración pública”.
Según Reggi, la ex presidenta se presentó reiteradamente como “una abogada exitosa”, pero advirtió que “tal título profesional nunca ha sido exhibido públicamente, a pesar de que su existencia fue puesta en tela de juicio por las más diversas personalidades del mundo jurídico y ciudadanos en general”.
Bonadio consultó a la Universidad Nacional de La Plata sobre las condiciones de cursada, aprobación de materias y completud de la carrera por parte de la ex mandataria, y con ese informe decidió cerrar la causa.
La facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata certificó que Cristina Fernández se recibió allí a mediados de los ‘70 y remitió documentacion respaldatoria, que derivó en que Bonadio sobreseyera a la ex mandataria.
La medida es todavía apelable por el fiscal federal Carlos Rívolo.
OTRA DENUNCIA
En tanto, Cristina fue denunciada ayer penalmente en la Justicia federal por la supuesta malversación de fondos públicos que iban a ir destinados a la construcción de un tren turístico en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
“Se destinó la suma de 700 millones de pesos para un tren que nunca funcionó”, sostuvo la denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y que recayó por sorteo en el juez Sebastián Ramos.
La denuncia planteó que se debe investigar si la ex jefa de Estado, el ex ministro Julio De Vido y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner incurrieron en los delitos de “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y “defraudación por administración fraudulenta”.
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