En la previa de su viaje a Roma para visitar al Papa, el juez Sebastián Casanello ordenó una gran cantidad de medidas de prueba en la causa que determina si Lázaro Báez evadió impuestos a través de facturas falsificadas.
El juez pidió 33 medidas; según la resolución, se trata de una primera instancia para que se resuelva la situación procesal de quien fue titular de la DGI, Ruben Toninelli. En su indagatoria, Toninelli admitió haber viajado en el avión de Báez, así como en el de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP. A estos dos ex funcionarios se los acusa de encubrir al empresario de la construcción, Lázaro Báez.
Casanello le pidió a las actuales autoridades de la AFIP un informe que detalle todas las fiscalizaciones que se llevaron a cabo en la sucursal regional de Bahia Blanca, punto de sospecha de las maniobras del encubrimiento, que fue cerrada en 2012, y en la se encuentra en Mar del Plata, que tiene relación con Calvento SA, Grupo Penta SA y Constructora Patagónica SA. En la respuesta se debe aclarar la identidad de los funcionarios que iniciaron y terminaron cada fiscalización.
El juez también quiere determinar si tras las fiscalizaciones, la regional de Bahía Blanca envió un alerta a la Dirección Regional Microcentro, donde se debieron realizar los análisis de las operaciones de las tres empresas con Austral Construcciones, quien resulto siendo el beneficiario final.
Echegaray y Toninelli ya realizaron su declaración en esta causa como imputados, negado haber formado parte de una maniobra de encubrimiento.
Antes de resolver que medida tomará, Casanello quiere tener las declaraciones de los funcionarios involucrados en las fiscalizaciones. Es por eso que le pidió a la AFIP que brinde la identidad de los empleados involucrados, para den su declaraciones como testigos a partir de la semana próxima.
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