La falta en la Argentina de planes y programas de defensa frente a los graves daños de naturaleza medioambiental -como, por ejemplo, los derivados de catástrofes químicas o nucleares- puesta de relieve días atrás por especialistas, constituye una advertencia de enorme gravedad que no puede ser desoída por las autoridades.
Existen, en tal sentido, dramáticos antecedentes en el país sobre estas emergencias y las muy penosas derivaciones que se desprendieron de ellas, por falta de políticas destinadas a superar esas instancias críticas. Las estadísticas sobre degradación de los distintos recursos naturales resultan, en ese sentido, extremadamente negativas.
Desde la fundación para la Defensa del Ambiente se advirtió que nuestro país enfrenta la peor crisis ambiental de su historia y que es cada vez más vulnerable al cambio climático y a las catástrofes químicas y nucleares. Los especialistas sostuvieron que, a pesar de que existen muchas opciones sustentables de desarrollo y de vida, la mayoría de los gobiernos y corporaciones eligen las menos sustentables.
Aludieron asimismo a la atomización existe desde el punto de vista de la legislación ambiental, aplicándose tratamientos diversos y en extremo cuestionables sobre los ambientes nativos, decidiéndose por parte de los gobiernos, en las diversas jurisdicciones, la construcción de obras de alto impacto ambiental y sanitario que son violatorias de diversas leyes, y por parte de las corporaciones desde megamineras a sojeras que no cuentan con suficiente control del Estado.
Los ambientalistas enumeraron las distintas medidas y políticas que afectan a ecosistemas chaqueños y pampeanos, en una situación que le hizo perder al país más del 80 por ciento de la superficie con bosques nativos. Indicaron que la provincia de Córdoba tiene la tasa de desmonte más algo del país, exterminándose dos de los tres ecosistemas naturales que la caracterizaban.
Desde Funam se advirtió, asimismo, que insólitamente, en la Argentina siguen sin ser manejadas las principales cuencas hídricas. Dijeron que son irracionalmente utilizadas para la localización de grandes yacimientos mineros, negocios inmobiliarios, cultivos y bosques artificiales de pinos. La misma irresponsabilidad se registra a nivel de cuencas hídricas internacionales. Se alertó, también, que el impacto accidental o deliberado de un avión comercial contra los silos secos de la central nuclear de Embalse, por ejemplo, podría provocar un equivalente a varios Chernobyl o Fukushima. Sus efectos podrían ser desastrosos incluso en un radio de 500-600 kilómetros alrededor de la central siniestrada, alertaron.
Está claro que el país reclama la existencia leyes y políticas consistentes, coherentes y uniformes en la medida que deben ser operativas en cuestiones ambientales, que exceden las fronteras distritales. Al mismo tiempo, resulta imperativo que se difunda e instale una cultura de respeto al medioambiente, sobre cuya sólida base pueden preverse las prioridades que deben contemplarse para evitar daños y catástrofes.
Sólo es necesario, entonces, que el Estado vuelva congruentes las distintas estructuras existentes y que coordine su accionar, para racionalizar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y garantizar su proyección hacia las futuras generaciones.
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