Quedó una extraña sensación en torno al previsible revuelo que se armó por el decreto que trababa la difusión de las declaraciones juradas en la Provincia y hasta establecía sanciones por su “indebida” utilización. Se dio rápida marcha atrás. Pero ¿no hubo una instancia previa de revisión en la que se advirtieran estas “ruidosas” restricciones y el impacto que seguramente iban a generar?
Una medida que apunta a la transparencia (la exigencia de declaraciones juradas de bienes) terminó contaminada por cláusulas que contradecían ese objetivo. Nadie advirtió que el decreto fijaba un burocrático procedimiento para acceder a las declaraciones, cuando el oficialismo impulsa a nivel nacional una ley de acceso a la información pública. Tampoco se advirtió que el sistema nacional hace inmediatamente públicas las declaraciones del Presidente y los funcionarios (de ahí las recientes polémicas sobre el crecimiento patrimonial de Macri y la cuenta en Bahamas) y que un día antes el Gobierno nacional debió dar marcha atrás con la “mordaza” sobre los que ingresen al blanqueo.
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