Sobre la calle usurpan lugares para estacionar, y sobre las ramblas y veredas ocupan espacios públicos, generando diversas complicaciones. Los autos arrumbados en comisarías son un problema crónico y nadie le encuentra la vuelta para solucionar el tema con una medida de fondo, según se quejan vecinos de diferentes barrios.
En la comisaría octava, de 7 y 74, los coches que intervinieron en algún siniestro o episodio judicial ocupan el 80 por ciento de la vereda sobre el lateral de calle 74, la calle sobre 7 y 74 y reducen el espacio para estacionar vehículos. En la comisaría segunda, la rambla tiene varios vehículos arrumbados en 38 entre 8 y plaza Olazabal. Un paisaje similar se puede observar en el resto de las seccionales policiales: la cuarta, la novena y la primera tienen panoramas semejantes en diagonal 73 entre 40 y 41; en 59 y 5 y en 53 entre 9 y 10.
Vecinos de la comisaría octava remarcaron que “además de los autos, también hay chatarra, que generan un foco infeccioso tremendo”, apuntó Luis, quien se comunicó días atrás con este diario. Otro frentista apuntó que “de noche no es buena la iluminación pública y pasar por el lugar es todo un riesgo, cuando debiera ser algo seguro transitar por una comisaría.
Semanas atrás, vecinos, comerciantes y dirigentes institucionales de Los Hornos se quejaron por el crecimiento del depósito de autos en la seccional tercera. Y tiempo atrás se escucharon voces de reclamos en la zona de las comisarías cuarta y quinta.
En 2007, la sanción de la ley provincial 13.434 marcó pautas para la gestión de los coches “judicializados” y buscó mostrar el camino para erradicar los cementerios de autos. Meses después, se anunció que avanzaba el proceso licitatorio para iniciar las compactaciones masivas, pero éstas no se concretaron y los vehículos siguen en la calle o en depósitos fiscales.
La norma, luego actualizada y reglamentada por las leyes 13.727 y 14.207, establece en su artículo 33° que “en todos los casos de secuestro o hallazgo restos de vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su estado no se consideren aptos para rodar”, se dispondrá “su remisión a la Secretaría General de Gobernación, Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales, para ser compactados o sometidos a proceso de destrucción similar”.
Según se explicó en su momento en medios oficiales, “la custodia de los vehículos mientras se desarrollan los procesos judiciales la tiene el ministerio de Seguridad, que en muchos casos coordina con los municipios lugares de acopio transitorio”.
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