La Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto que promueve desarrollo y fortalecimiento de la industria autopartista impulsado por el bloque Justicialista y que contó con los votos de la coalición oficialista Cambiemos como así también del Frente Renovador y del Frente para la Victoria.
En una sesión especial, convocada por el oficialismo, la propuesta que prevé beneficios impositivos a las terminales automotrices que incorporen a su producción autopartes de fabricación nacional, fue sancionada con 197 votos positivos y 4 negativos que correspondieron al bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
La ley otorga un reintegro a través de un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales, ingresos brutos y tasas provinciales cuando la incorporación de autopartes nacionales por parte de las terminales alcance un nivel mínimo de integración local.
Las autopartistas que adhieran al programa deberán “mantener la cantidad de personal”, aunque se acordó la creación de una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de las cámaras empresarias y de las organizaciones gremiales que deberán evaluar alguna excepción. Además, la iniciativa habilita el financiamiento de las inversiones de los autopartistas mediante adelantos realizados por el Estado.
Durante el debate, el peronista disidente y dirigente de SMATA -gremio que se movilizó ayer al Congreso- Oscar Romero destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “si se cumple con el compromiso de incorporar el 30 por ciento de productos fabricados en el país se generarán 120 mil nuevos puestos de trabajo”. En su exposición, el autor del proyecto, recordó las trabas que Axel Kicillof como ministro de Economía puso para la aprobación de esta norma.
Desde el massismo, Graciela Camaño sostuvo que “con esta ley venimos a decir también para dentro y para afuera que la Argentina tiene la idea de defender sus empresas”.
PYMES
Diputados también se aprestaba anoche a aprobar el proyecto de ley que crea un programa de recuperación de las pymes, al crear un mecanismo para asistir a las empresas en crisis y establecer una serie de beneficios impositivos.
La iniciativa, que tras la sanción de Diputados será girada al Senado para un pronto tratamiento, contempla además un incremento en el monto que el Estado abona en concepto de REPRO -en compensación de salarios para empresas en crisis- y prevé algunos beneficios para las economías regionales.
El proyecto reunía un amplio consenso para su aprobación, a partir de un acuerdo alcanzado por Cambiemos con el Frente Renovador y con el bloque Justicialista, y apoyo en general del FpV.
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