La Corte mandó a hacer los deberes al Gobierno. Así puede interpretarse la resolución con la que emplazó al Poder Ejecutivo a fundamentar los motivos del aumento de la tarifa del gas, durante los próximos 10 días. La decisión del máximo tribunal fue prudente, porque no incomodó a la Casa Rosada, pero a la vez funcionó como un aviso de que tiene hasta agosto para corregir sus errores.
Las equivocaciones oficiales saltan a la vista con el impacto negativo que no calculó el ministro Aranguren en la economía de las familias, los comercios y las pymes. Pero en términos legales, que son de injerencia de la Corte, el flanco débil fue la implementación del tarifazo sin realizar previamente una audiencia pública, como lo establece la Constitución.
En ese aspecto, la administración de Macri debería tener en cuenta que dos ministros de la Corte, Maqueda y el recientemente incorporado Rosatti, tuvieron una activa participación en la Convención Constituyente de 1994, que sesionó en Santa Fe, donde se incluyó en la reforma los artículos 42 y 43, que estipulan audiencias públicas con usuarios y consumidores.
Aranguren buscó subsanar ese bache legal cuando anunció que las audiencias -previstas inicialmente para el primer trimestre de 2017- serán convocadas en octubre. Como argumento político, al Gobierno tampoco le alcanza con recordar que hace cinco años que no se convoca a ninguna audiencia. La última fue en 2011, con la frustrada “sintonía fina” del kirchnerismo.
Otro punto que la Corte anticipó en su resolución de ayer como un elemento de su interés es la concepción de “gradualidad” que estableció el Poder Ejecutivo, según dijo el jefe de ministros Marcos Peña, al momento de diagramar el aumento tarifario. El máximo tribunal cuenta con decenas de fallos que sentaron jurisprudencia sobre ese aspecto, que serían desempolvados.
Más allá de los tecnicismos legales, llamó la atención en los últimos días cierta improvisación del Gobierno para abocarse a un asunto de extrema sensibilidad social, porque afecta directamente el bolsillo de los argentinos. A excepción de Aranguren, no hubo ministros ni secretarios de Estado que pudieran brindar precisiones sobre los alcances de la “tarifa social” ni de su impacto fiscal.
En términos políticos, la gestión de Cambiemos también afronta un dilema: el mayor impacto del tarifazo se registra entre la clase media, la misma que el año pasado le confió el poder y que sigue siendo su base de apoyo electoral. Habrá que ver cómo reacciona este amplio y diverso sector de la sociedad mañana jueves, para cuando fue convocado un cacerolazo de repudio todo el país.
La oposición política, a su vez, aumenta la presión para que Macri le pida la renuncia a su ministro de Energía. Pero el Presidente viene dando señales de que lo respaldará. El jefe de Estado salió a pedirle a la población que ahorre energía, con ejemplos endebles, pero que en el fondo comienzan a alentar un debate sobre la necesidad de producir un cambio cultural en el uso de la energía.
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