"El derecho a la vivienda digna también incluye el acceso al gas" manifestó el diputado Abarca

En diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA, el ciclo radial que se emite todos los jueves desde las 9.00 por LA REDONDA 100.3, el diputado provincial del PJ, Walter Abarca, analizó la realidad que están viviendo las familias en el interior de la provincia de Buenos Aires por el brusco aumento en las tarifas de los servicios y explicó por qué desde un punto de vista constitucional, el Estado debe hacerse responsable de este nuevo escenario que se ha planteado con el "tarifazo". 

Señaló que "en el interior de la provincia de Buenos Aires los aumentos que se han registrado en las tarifas de los servicios ya representan, junto al valor de un alquiler de una vivienda, casi el 50% de los ingresos que percibe un trabajador promedio que gana entre 10 mil y 12 mil pesos". Según manifestó Abarca "esta realidad es inviable para una familia qué tiene que pensar en comprar alimentos y vestuario para sus integrantes".  

"Vemos a la energía como un derecho humano básico" apuntó y explicó en el mismo sentido que si bien en la Constitución no se detalla el derecho a tener gas, se puede interpretar que el derecho a tener una vivienda digna que versa el máximo cuerpo normativo del país también incluye la posibilidad de que el hogar argentino promedio "cuente con una temperatura que oscile entre los 20 y 24 grados". 

En la misma línea Abarca aseguró tajantemente que el Estado es quien debe asegurar que este concepto de dignidad se cumpla y "que en el caso de que existan familias que no puedan afrontar los altos costos de los servicios, el gobierno debe poner en marcha una política de subsidios para asegurar que los habitantes del país puedan hacerle frente al pago"

Abarca destacó que si bien no está en contra del aumento de tarifas ya que "en algunas ciudades los valores eran irrisorios, no se puede aplicar el mismo costo en todo el país pues las realidades climáticas son distintas. Recomendó que "el tope debería fijarse según la región y no debería representar más del 10% de ingresos familiares" y que "a partir de estos datos el estado debería analizar cuál es el costo de la energía real".