En medio de la polémica desatada en torno a la propuesta de cobrar una tasa a los cajeros automático que generen filas en las veredas, el oficialismo encaraba por estas horas una negociación con las cámaras bancarias que podría derivar en la marcha atrás de esa iniciativa contemplada en el proyecto de ordenanza fiscal que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante.
El miércoles, el presidente de la comisión de Hacienda de ese cuerpo, Julio Irurueta, y el director de la Agencia de Recaudación Platense (APR), Horacio Prada, mantuvieron una primera reunión con representantes de cuatro cámaras bancarias, a quienes propusieron que si el sector logra paliar el “déficit” en el servicio en la Ciudad, podría llegar a retirarse el artículo de la norma que establece el cobro de esa controvertida tasa.
Participaron representantes de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), quienes, según se pudo saber, volverían a reunirse en ese ámbito la próxima semana.
Según explicó a EL DIA Irurueta, en este primer acercamiento las entidades bancarias se comprometieron a llevar a la Comuna “un plan de inversión que contempla la instalación y mejoras de los cajeros emplazados en la Ciudad, así como la posibilidad de incorporar servicios bancarios adicionales en las localidades”.
El edil advirtió que “si la semana que viene el sector presenta un plan que incorpore cajeros en las localidades y mejore su provisión los fines de semana, entre otras mejoras, la Comuna estaría dispuesta a retirar el cobro de esa tasa”.
Y explicó: “El espíritu de este gravamen nunca fue con fines recaudatorios, lo que entendemos es que es necesario que se mejore el servicio que se le brinda a la gente. Por eso, si existe ese compromiso por parte de las asociaciones y nos convence, no vemos por qué no retirar ese artículo de la norma”.
Como viene publicando EL DIA, la ordenanza fiscal enviada por el Ejecutivo al Concejo contiene en su articulado un punto que impone sobre los bancos una tasa de 2.500 pesos mensuales para cada cajero donde se generen filas de usuarios en la vía pública.
El artículo viene generando polémica en la opinión pública y el señalamiento por parte de la oposición de lo difuso de su implementación. Ahora, esta negociación podría darlo por tierra el punto de la iniciativa que se discutirá en agosto, luego del receso invernal.
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