A juicio por tener a su novia secuestrada durante 18 días

Luego de la feria judicial de invierno comenzará a ventilarse en audiencia oral y pública el caso de la abogada platense que habría sido secuestrada durante 18 días y sometida a abuso sexual, supuestamente por Jorge Cristian Martínez Poch (53), quien está detenido y se sentará a hora en el banquillo de los acusados.

Fuentes judiciales indicaron que el juicio se iniciará el 1 de agosto y durará hasta el 22 de ese mes, en la sala de audiencias de la planta baja del fuero penal de 8 y 57.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, integrado por los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena.

El ministerio público estará representado por la fiscal de Juicio de La Plata Florencia Budiño, mientras que el acusado contará con la defensa de Juan Martín Cerolini.

Los cargos son por “privación ilegal de la libertad doblemente agravada y abuso sexual con acceso carnal”. También será juzgado por “corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante”.

Esta increíble historia salió a la luz el 24 septiembre de 2013, cuando una abogada de 39 años fue rescatada por la Policía, luego de un allanamiento a un departamento ubicado en 23, entre 58 y 59.

LOS CARGOS

Según la acusación, Martínez Poch la habría mantenido cautiva allí al menos desde el 6 de ese mes.

La abogada Vanessa R, al ser rescatada denunció que fue golpeada, drogada y sometida a abusos sexuales. Cuando el caso de Vanessa tomó estado público y Martínez Poch terminó preso, comenzaron a desfilar por los tribunales otras mujeres que contaban experiencias semejantes.

Entre ellas se destacaron las denuncias de dos menores, que ahora son mayores de edad, y relataron ante la Justicia terribles historia de abusos. El fiscal Marcelo Romero, a cargo de la investigación del caso, reunió prueba como para que el imputado sea juzgado por todos estos hechos, denunciados por la abogada y las menores.

En el pedido de elevación a juicio el fiscal Romero tuvo en cuenta los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas efectuadas a Martínez Poch.

Esos estudios revelaron que sus rasgos de personalidad psicopática “no conlleva alteración alguna para comprender la realidad, manteniéndose la indemnidad de las capacidades psicojurídicas”, detalló el fiscal.

También detalló en su dictamen que los peritos precisaron que el imputado tiene una imagen de sí mismo “sobrevalorada si se la contrasta con sus logros obtenidos, sean éstos académicos, laborales, personales o afectivos” y es claro su “malestar e irritación cuando se lo confronta con esta contradicción”.

Martínez Poch, afirmaron los peritos, tiene “tendencia a mentir y engañar, ausencia de remordimiento o culpa, superficialidad afectiva, desconsideración e indiferencia y promiscuidad sexual”, entre otras cosas. El imputado -se agrega en la resolución judicial- alega que “la causa es una farsa para quedarse con mi dinero”.

LAS PRUEBAS

Una de las pruebas tomadas en cuenta por el fiscal para llevar el caso a debate oral es la declaración del padre de la abogada Vanessa.

Ese testigo ratificó los términos de la denuncia de su hija y agregó detalles sobre “la extrema violencia que el acusado ejercía sobre su hija, el grado de sometimiento, la peligrosidad y la pertinacia de su conducta”, señaló el doctor Romero.

Cabe señalar que la elevación a juicio fue confirmada por el juez de Garantías de La Plata que intervino en el caso, Pablo Raele.

También tomaron en cuenta como evidencias en contra del procesado una serie de denuncias, con reserva de identidad, que dan cuenta sobre abusos, vejaciones, violencia física y psíquica, se destacó en la elevación. Esa testigo de identidad reservada narró en la causa que “el sometimiento en el que se encontraba sumida la víctima de manos de Martínez Poch era de tal magnitud que canceló su capacidad decisoria y de disposición”.

También que el imputado tenía una orden de restricción de no acercamiento sobre las denunciantes y los exámenes médicos a la abogada, de los que surgen una serie de lesiones de diversas intensidad, que dan cuenta de esos maltratos, se señaló en el dictamen fiscal.

Entre las pruebas incorporadas al debate figura una causa que se tramita en un juzgado de familia en contra del imputado sobre “protección contra la violencia familiar”.