Carrió redobla la embestida en la Justicia contra Scioli

Apenas termine el período de reposo ordenado por sus médicos, la diputada nacional Elisa Carrió hará un movimiento con el que buscará profundizar la embestida judicial que puso en marcha contra el ex gobernador Daniel Scioli, a quien denunció penalmente por el presunto lavado de activos y otros delitos durante su gestión.

Fuentes cercanas a la líder de la Coalición Cívica confirmaron que Carrió ampliará la presentación que formuló ante el titular de la UFI 11 de La Plata, Alvaro Garganta, quien por estas horas investiga las ejecuciones presupuestarias de la administración de Scioli entre los años 2008 y 2015.

Tras la avanzada que puso en marcha contra el jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi, Carrió ahora apunta a sumar información en la denuncia que presentó a principios de junio por “la posible comisión de los delitos de lavado de activos y distintos delitos contra la administración pública”.

Según esas fuentes, la ampliación de la denuncia apuntaría a aportar información del vínculo que mantuvo Scioli con el ex titular de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) Guillermo Scarcella. El ex funcionario es sindicado por Carrió como presunto “prestanombres” de Scioli y como “una persona vinculada a los fraudes a la administración de la Provincia”.

La ampliación de la denuncia apuntará a aportar información sobre el vínculo entre Scioli y el ex presidente de ABSA, Guillermo Scarcella

Por lo pronto, Carrió y el equipo de abogados que la asesora esperan por estas horas movimientos por parte del fiscal Garganta, quien ahora apunta los cañones de su investigación a los movimientos en el Tribunal de Cuentas, desde donde giraron a la Fiscalía las ejecuciones presupuestarias de la Jefatura de Gabinete bonaerense correspondientes a los años 2008 al 2015.

En los últimos días, hubo movimientos en los tribunales platenses que generaron expectativa en el entorno de “Lilita” sobre el avance de la causa. El fiscal Garganta abrió una causa para investigar si dos fiscales platenses, Jorge Paolini y María Victoria Huergo, direccionaron en forma irregular un proceso judicial que tuvo en la mira a funcionarios del gobierno de Daniel Scioli a partir de una denuncia de encubrimiento.

Para Carrió y sus colaboradores, la decisión de Garganta podría anticipar movimientos en la causa iniciada a partir de la denuncia contra Scioli.

“VACIAMIENTO”

En su presentación del 2 de junio pasado ante la UFI de Garganta, Carrió pidió a la Justicia que se investigue a Scioli por presuntas maniobras fraudulentas durante su gestión. En la denuncia, la titular de la CC habló de “distintas cajas políticas que no sólo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través del lavado”.

Esa “estructura ilícita de vaciamiento”, denunció Carrió, “se realizó a través de distintas reparticiones, concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete a cargo de Alberto Pérez”.

En esa lista mencionó, en primer término, a ABSA y luego a el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, por la posible adulteración de los sistemas on line de las máquinas para los bingos “que podrían haberse adulterado para registrar porcentajes menores a los juegos realizados”.

Carrió también incluyó en la lista de reparticiones que pide investigar al Puerto La Plata, por la posible contratación fraudulenta de personal, y a IOMA, a donde apunta por supuestas estafas, sobreprecios y contrataciones falsas.

La diputada nacional dedicó un extenso capítulo de su denuncia a sustentar el pedido para que se investigue el vínculo entre Scioli y Guillermo Scarcella, quien fue titular de ABSA durante los ocho años de gestión del ex gobernador.

Carrió describió a Scarcella como “un abogado de Lomas de Zamora al que se le adjudican influyentes relaciones con algunos magistrados federales” y que fue recaudador de la campaña presidencial de Scioli.