Ibar Esteban Pérez Corradi, el principal acusado del triple crimen de General Rodríguez, volvió a involucrar ayer al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández en el blindaje de protección policial que tuvo durante sus operaciones ilegales con efedrina.
Según indicaron fuentes del caso, la versión de Pérez Corradi está referida a que Aníbal Fernández habría cobrado dinero vía el ex intendente de Quilmes, Sergio Villordo, para que la policía no lo molestara en sus negocios, y señaló que comenzó pagando unos cinco mil pesos por mes y creció hasta los cien mil pesos por mes.
Villordo ocupó la intendencia de Quilmes entre 2003 y 2007.
LOS NEGOCIOS
Precisamente las declaraciones de Pérez Corradi ante la jueza María Servini de Cubría apuntan a sus negocios durante 2007, un año antes de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, de los que todavía no comenzó a hablar.
El empresario cumplió ayer su quinto día de exposición en el expediente donde se investigan los negocios de la efedrina y el triple homicidio, pero su declaración seguirá extendiéndose durante el transcurso de la semana pese a la feria judicial.
Al ser una indagatoria, Pérez Corradi puede mentir y sus dichos serán corroborados no solo para avanzar con la causa sino porque debe proporcionar datos fehacientes y “para arriba” para estar incluido en el programa de Protección a Testigos e Imputados Colaboradores del gobierno.
Las fuentes judiciales contaron que durante la extensa exposición de ayer Pérez Corradi volvió a apuntar a Aníbal Fernández, al señalar que era quien le garantizo protección policial, y volvió a mencionar a funcionarios policiales que ya había nombrado.
En su indagatoria, señaló que “cuando se sintió acorralado por fuerzas de seguridad por sus negocios, preguntó por protección y lo direccionaron hacia Aníbal Fernández”, aunque aclaró que nunca se reunió con el ex funcionario kirchnerista.
Además Pérez Corradi admitió haber enviado oxicodona a Estados Unidos, un delito por el que el país norteamericano pidió su extradición.
TARIFA
En ese contacto, según dijo, surgió una “tarifa” de 5.000 pesos mensuales que aumentó a 100.000 pesos mensuales y que abonaban como “protección” todos los drogueros y farmacéuticos.
“Son dichos de descargo, que apuntar a mejorar su situación en la causa y deben ser corroborados”, dijo el vocero graficando las prevenciones que provocan en la jueza y la fiscalía su afirmaciones.
Hoy no habrá indagatoria porque el detenido será sometido a una ronda de análisis por médicos forenses aunque no está cuestionada su salud mental ya que “se lo ve bien ubicado en tiempo y espacio”.
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