Una travesti de 40 años reclamó a la Justicia de Rosario que ordene a la obra social de los estatales de Santa Fe, a la que se encuentra afiliada, que le cubra los implantes mamarios y de glúteos y la depilación definitiva.
El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) se había negado a solventar las intervenciones, cuyo costo fue estimado en unos 100 mil pesos.
Por ese motivo, la travesti hizo una presentación judicial, que recayó en la jueza en lo Civil y Comercial Silvina Cicutto.
Como primera medida, la magistrada ordenó a la obra social que exponga las razones por las cuales rechazó el pedido de la afiliada.
La travesti trabaja en una escuela de Rosario, dependiente de la Provincia, y solicitó tanto la cobertura de las prótesis y la intervención quirúrgica como de la depilación definitiva.
La obra social indica entre las condiciones de sus prestaciones que no reconoce cirugías estéticas a menos que sean consideradas reparadoras por el “criterio médico de la obra social”.
La presentación se relaciona con la Ley 26.743 sobre el Derecho a la Identidad de Género que define en su artículo 11 que los servicios de salud de los sistemas público y privado deben incorporar a sus coberturas las intervenciones quirúrgicas totales o parciales, así como los tratamientos integrales hormonales que requieran. Dicho punto de la normativa fue reglamentado en mayo del año pasado a través del decreto 903 que firmó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación.
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