La decisión de la Municipalidad de realizar operativos de control de venta ambulante de frutas y verduras, decomisándose una gran cantidad de productos que eran comercializados en la vía pública, constituye una medida oportuna y justificada, toda vez que los alimentos deben contar con los controles bromatológicos y las correspondientes autorizaciones previas a su venta.
Además, en estos casos de la venta informal, como se sabe, no sólo se infringen normas generales que hacen a los debidos requisitos que fijan las ordenanzas y las leyes para cumplir con una comercialización legal, sino que tampoco se cumplen las normas sanitarias que garantizan la calidad de los productos y, por consiguiente, se originan graves riesgos para la población.
Los inspectores municipales realizaron una verificación a lo largo de las calles 7, 8 y 12, en donde se encontraban funcionando puestos precarios de venta de frutas y verduras, decomisándose productos de los que los compradores desconocían su procedencia y de los que no existían constancia de que hubieran pasado por controles bromatológicos. Cabría señalar que numerosas evidencias médicas reunidas en los últimos años vinieron advirtiendo sobre un debilitamiento ostensible de los controles bromatológicos que se realizan en nuestra zona. Aunque también es preciso decir que en las revisiones sanitarias sobre los comercios que los expenden se detectaron anomalías, esto es en lo que atañe a la producción, manipulación, conservación, elaboración y distribución de esos productos de consumo. Desde luego que esa situación se vio agravada por la proliferación de puestos de venta informales de toda clase de alimentos, que se vino registrando en distintos lugares.
Es ese contexto cobra especial valor una experiencia llevada a cabo hace tres años por científicos del Conicet, que impulsaron en el distrito de Berisso el programa “carnicerías saludables”, que llevó adelante con el Municipio y que -merced a una serie de medidas- logró reducir el número de comercios que, al iniciarse ese trabajo, presentaba altos riesgos de contaminación.
Durante el desarrollo del programa, los investigadores recorrieron 130 locales para tomar muestras de carne en picadoras, mesadas, cuchillos y manos de los expendedores. Con los resultados de los análisis se elaboraron informes que fueron entregados en forma confidencial a cada comerciante para la solución del problema bromatológico detectado.
Lo aquí expuesto debiera servir para tomar conciencia acerca de lo mucho que puede y debe hacerse para ajustar los controles sanitarios sobre los alimentos que consume la población y sobre todos aquellos lugares en donde son manipulados. Al mismo tiempo, las autoridades debieran también realizar campañas apropiadas sobre las precauciones que la gente debe adoptar en materia de consumo alimenticio.
Si bien no se conocen estadísticas oficiales se calcula que en la Argentina ocurren unos dos millones de incidentes alimentarios por año, denunciándose pocos años atrás que entre el 40 y el 50 por ciento de la carne que ingresaba en La Plata no pasaba por la verificación bromatológica municipal, dato que nunca fue confirmado oficialmente. Lo cierto es que lo complejo del tema, cuya gravedad quedó debidamente expuesta, exige una evaluación profunda en los más altos niveles.
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