La llamada “pornovenganza”, “venganza porno” o “porno vengativo” es una práctica delictiva que aumenta en la Argentina, según afirmaron especialistas, y si bien motores de búsqueda y redes sociales cambiaron sus políticas de contenidos para hacer frente a este tipo de extorsión informática, no hay en el país leyes específicas que la combatan.
La condena a tres años de prisión a Claudio Rosemblat por ingresar de forma remota -e ilegal- a la computadora de una adolescente para robarle fotos privadas y luego subirlas a la web es el último caso público de este tipo de extorsión.
El caso tomó estado público esta semana, después de que los jueces Pablo Laufer, Patricia Mallo y Pablo Vega, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20, condenaran a Rosemblat a tres años de prisión en suspenso por encontrarlo responsable de haber accedido entre junio y julio de 2012 a la computadora de la joven con fines “de extorsión y amenazas coactivas”.
En general el “porno vengativo” engloba a hechos en Internet o en algún tipo de mensajería instantánea en donde la víctima aparece vinculada a contenidos sexuales explícitos que hayan sido difundidos sin su consentimiento y con el fin de causarle algún perjuicio.
El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, aseguró que desde dicho órgano judicial notaron en general “un crecimiento de delitos facilitados por Internet”, y destacó que si bien dentro del universo de delitos informáticos denunciados no está entre los principales, el hecho de que no se denuncien no significa que no existan.
“En general hay casos de denuncias sobre ex parejas que roban fotos de un teléfono porque tienen acceso al dispositivo o la clave. Algo similar pero más común son los casos que, vulgarmente, se conoce como hackeos a distancia con fines extorsivos”, subrayó Azzolin.
En este sentido, recordó el trabajo de asesoramiento que la Unidad Fiscal a su cargo realizó sobre una serie de casos destacados, como el de un hombre llamado Jorge Junes que fue condenado a 12 años de prisión por intentar obligar a prostituirse una menor, obteniendo fotos privadas y hostigándola en las redes sociales.
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