El Gobierno nacional informó a la Justicia de La Plata que las empresas de gas no deben emitir facturas con aumentos.
Se trata de una respuesta al pedido de informes que solicitó el juez federal de La Plata Alberto Recondo, y luego de que la fiscal Ana María Russo dijera que debía frenarse el aumento, aún con los topes fijados, porque no hubo audiencias públicas.
Según fuentes judiciales, la Procuración del Tesoro presentó una nota del Ministerio de Energía de la Nación para responder un pedido de informes del magistrado y ratificó la postura adelantada en los últimos días por el jefe de Gabinete Marcos Peña de “no pagar” las boletas con aumentos hasta que no se resuelva en tribunales el fondo de la cuestión.
El Gobierno sigue aspirando a que sea la Corte Suprema la instancia que defina si son válidos o no los aumentos.
COMO SIGUE EL PROCESO JUDICIAL
Fuentes judiciales señalaron que la nueva resolución no implica que el Gobierno quede habilitado a implementar el nuevo cuadro tarifario con los topes del 400 y el 500 por ciento para usuarios residenciales y comercios, ya que se mantiene vigente en instancia superior la suspensión dispuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, que ya fue apelada por la Casa Rosada y que se encuentra bajo análisis actualmente.
El juez Recondo ya había rechazado el 31 de mayo un planteo similar presentado por la misma entidad (CEPIS), pero en aquella ocasión contra las resoluciones 28 y 31/2016 que disponía la puesta en marcha de la suba en la tarifa de gas, con aumentos que en algunos casos fueron de hasta el 1600%, aunque le ordenaba al Estado nacional que ante este esquema convoque a una audiencia pública.
Esa decisión inicial fue apelada por el CEPIS y la Sala II de la Cámara Federal platense revirtió el fallo y dispuso la suspensión del incremento tarifario en todo el territorio nacional, expediente en el cual debe resolver en los próximos días si acepta una recurso extraordinario del Estado para que sea la Corte Suprema la que dirima la cuestión.
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