Mientras en el gobierno de María Eugenia Vidal analizan la puesta en marcha de una oficina anticorrupción, en la Legislatura bonaerense las distintas fuerzas de la oposición empujan proyectos para crear instancias y tribunales de control de la ética pública para funcionarios de la Provincia, que incluyen la puesta en marcha de un “tribunal social de responsabilidad política”.
El tema se instaló en medio de la escena pública a partir del avance de las investigaciones judiciales contra funcionarios de la administración kirchnerista, con la detención y el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas José López como caso emblemático. El debate se intensificó en la Provincia a partir de la decisión de la gobernadora Vidal de transparentar la gestión. En ese marco, decretó la obligación de presentar declaraciones juradas para los funcionarios del Estado y envió, después, un proyecto en el mismo sentido a la Legislatura, que todavía no fue sancionado.
En los últimos días, trascendió que la administración Vidal tiene decidido crear una suerte de Oficina Anticorrupción con competencia para investigar funcionarios y recibir denuncias de ciudadanos sobre presuntos ilícitos en el ámbito de administración pública. Como adelantó este diario, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, tendría a su cargo el organismo con el rango de secretaría o dirección.
En ese marco, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la Provincia hubo movimientos en los últimos días de la oposición para hacer valer sus propias iniciativas vinculadas al control de la transparencia y del accionar de los funcionarios públicos. La movida tiene un trasfondo político, sobre todo en Diputados, ya que alineó detrás de un mismo proyecto al massismo, el Frente para la Victoria y el GEN de Margarita Stolbizer.
ETICA PUBLICA
En el Senado, quien viene empujando un debate es el Bloque Peronista que preside Patricio García, que impulsa un proyecto de ley de Etica Pública que contempla la creación de un Tribunal de Responsabilidad Social Política. La iniciativa apunta a regular los deberes de quienes se desempeñen en la función pública y cumplir una vieja deuda de la reforma constitucional de 1994, que previó la creación de un tribunal con autonomía funcional e independencia de criterios que examine los posibles actos de corrupción que puedan haber cometido funcionarios tanto del nivel provincial como municipal.
Los senadores del peronismo, de acuerdo a un proyecto que ya cuenta con un principio de acuerdo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, plantean que sea un órgano colegiado, “integrado por personas de destacada trayectoria y compromiso con los valores democráticos”, que serían designados por la Legislatura.
En tanto, en la Cámara de Diputados hubo acuerdo entre diferentes sectores de la oposición para impulsar un proyecto conjunto que cree un “código de ética y transparencia para el ejercicio de la función pública”.
El proyecto surgió de la unificación de cuatro iniciativas distintas de Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli (Frente Renovador), Rocío Giaccone (Frente para la Victoria) y Rubén Grenada (FAP). Ahora, se trabaja en un dictamen unificado en la comisión de Reforma Política que preside el massista Pablo Garate
El borrador que va tomando forma expresa la creación de un Código de Ética Pública y Transparencia para el Ejercicio de la Función Pública de aplicación en todo el territorio de la Provincia. Lo establece la Constitución bonaerense, que crea el Tribunal Social que se encargará de examinar los hechos de corrupción de los funcionarios públicos municipales y provinciales.
Al mismo tiempo se establece una regulación marco con deberes y pautas de comportamiento, incompatibilidades, nepotismo, publicidad oficial y la obligación de presentación de declaraciones juradas.
La iniciativa también prevé la obligación de presentar declaraciones juradas ampliada y la prohibición en toda la Provincia de la designación o nominación de familiares.
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