Mientras se espera la reglamentación de la ley, ya trascendieron detalles sobre el “secreto” que deberán guardar, por ejemplo, organismos oficiales sobre los datos que brinden los que ingresen a este nuevo blanqueo de capitales.
En ese sentido, la norma dice que la información que maneja la AFIP, de parte de los que interesados que adhieran al blanqueo, no sea compartida con otras dependencias del Estado.
Pero sucede que el organismo de recaudación fiscal que dirige Abad debe informar las operaciones a reparticiones como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que se encargan de investigar los movimientos financieros sospechosos. Ahora, lo que no podrán estas dos últimas dependencias hacer públicas esas operaciones, situación que le garantizarían a los que blanqueen capitales una “protección”.
Por otra parte, la norma establece que aquellos magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes del Fisco que no mantengan el “más absoluto secreto” sobre quienes se sumen a la regularización de sus ingresos, podrán ser sancionados con inhabilitaciones, multas o hasta dos años de prisión.
Los periodistas, medios de comunicación y sus responsables legales “por motivos de interés público” finalmente estarán exceptuados de ello después de que a principios de junio estallara la polémica cuando se reveló que el Gobierno sí pretendía incluir los informadores en esta prohibición.
SUSCRIBITE a esta promo especial