Una resolución de la Jefatura de Gabinete nacional que la habilita a utilizar los datos personales de todos los ciudadanos que estén registrados en las bases de información de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para aplicarlos a estrategias de comunicación del gobierno nacional, generó rechazos y críticas en todo el arco político opositor.
El convenio que abrió la polémica fue firmado entre la Secretaría de Comunicación nacional y el organismo previsional, según la resolución número 166-E/2016 firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
Por el convenio, que tiene una duración de dos años, la ANSeS remitirá periódicamente su base de datos relacionada con Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación que considera “necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública” que incluirán estrategias de comunicación vía “redes sociales”, hasta “comunicaciones electrónicas, telefónicas, conversación persona a persona de forma de lograr un contacto individual e instantáneo”.
La diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda aseguró que los datos de los ciudadanos “debe ser protegidos” y “sólo usados para fines de políticas de Estado de carácter social”.
“Me parece que deben ser datos protegidos, sólo usados por el Estado para fines de políticas de carácter social”, afirmó en declaraciones a DyN.
La diputada nacional Graciela Camaño, a su vez, dijo que realizará “una presentación judicial” contra la resolución.
La legisladora aseguró que “está prohibido” lo que pretende realizar el Ejecutivo a través del acuerdo firmado entre la Jefatura de Gabinete y la ANSeS porque “claramente viola la ley 25326 y el artículo 43 de la Constitución nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales”.
La diputada nacional Alicia Ciciliani (Partido Socialista) alertó sobre lo “peligroso” del uso que el gobierno nacional pueda hacer de los datos personales de los ciudadanos. “Se debe priorizar la privacidad, porque el limite difuso entre el hostigamiento y la penetración en temas partidarios es peligroso”.
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