La Ciudad debe reaccionar frente al anárquico avance de las usurpaciones

El distrito platense viene siendo acosado desde hace algo más de una década por el fenómeno sistemático de las usurpaciones de terrenos, reiterándose así situaciones sociales potencialmente riesgosas y a la vez injustas para los legítimos propietarios de las tierras con planteos conflictivos y análogos que se produjeron, por dar sólo algunos ejemplos, en Los Hornos, City Bell, José Hernández, La Granja y otras localidades y barrios.

Ahora el problema se plantea en un predio de Melchor Romero donde un grupo de personas ocupó lotes en la zona de 159 y 524, que se convierte así en la segunda irrupción de características similares en el último mes registrada en esa localidad, tal como acaba de informarse en este diario.

El proceso se inició el lunes pasado cuando un grupo de personas ingresó a las tierras delimitadas por las calles 159 a 161, desde la 524 a la 523, actuando como una literal punta de lanza para la usurpación que, en cuestión de pocas horas, se convirtió en masiva. Como siempre, también, los vecinos de la zona protestaron y no ocultaron su inquietud ante las derivaciones propias de este tipo de intrusiones.

La población conoce perfectamente que, bajo la excusa cierta de que existen necesidades perentorias de vivienda, muchas personas inescrupulosas que hasta hace unos años actuaban como influyentes políticos y fomentaban estas usurpaciones con un mero propósito de tipo clientelar, en la actualidad se ha sumado una clara intencionalidad de lucrar para provecho propio por parte de esas personas, convertidas en una suerte de agentes inmobiliarios con bienes que les son ajenos y sobre los cuales no pueden realizar actos de disposición. Lo cierto es que el distrito de La Plata no puede en modo alguno permitir esta ilegalidad y, mucho menos, un crecimiento urbanístico anárquico, ajeno a la vigencia de normas reguladoras.

En reiteradas ocasiones se ha dicho aquí que el problema de las usurpaciones exige una especial atención por parte de las autoridades. En tal sentido, es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es que se facilite o permita la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas.

Tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada y de estar impulsadas, muchas veces, por organizaciones mafiosas que buscan su propio provecho- tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, por ejemplo, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. Tal como también se ha señalado aquí en otras oportunidades, el habitacional es un problema complejo que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas.