El Gobierno reiteró que el uso que pretende hacer de la base de datos del sistema de la seguridad social es “absolutamente transparente y legal” y negó que quiera “vigilar y controlar” a los ciudadanos, como alertó el kirchnerismo, incluida la ex presidenta.
Esta semana, el Ejecutivo y sectores de la oposición polemizaron sobre la firma de un convenio entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, que le permitirá a esa última acceder y usar la base de datos de los ciudadanos inscritos en la seguridad social.
Esta decisión se debe a la intención del Gobierno de “mejorar la capacidad del Estado de poder comunicarse de forma directa con los ciudadanos”, explicó una vez más Marcos Peña, quien por la firma del convenio fue denunciado por diputados del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“Estos diputados no saben que la ANSeS durante el Gobierno de Cristina hizo más de 40 convenios de cesión de datos a Gobiernos provinciales, a Gobierno nacional y a empresas privadas, con lo cual probablemente tengan un problemita de falta de información”, aseveró.
También el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que “jamás” serán usados “para beneficio partidario”.
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