El juez de Garantías de La Plata César Melazo presentó ayer la oposición, ante la secretaría de Jury, al pedido de suspensión presentado el viernes último por los senadores bonaerenses Jorge D’Onofrio y Juan Pablo Allan.
El magistrado fue acusado de un presunto encubrimiento de Marcelo Mallo, el ex integrante de “hinchadas Unidas”, en la causa que está prófugo por la tenencia de una pistola calibre 40, que sería la usada para ejecutar a dos colombianos en Unicenter, en 2008.
En un escrito dirigido al doctor Ulises Jiménez, el titular de la secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Melazo pidió que se decrete el archivo de las actuaciones .
El pedido de los legisladores “carece absolutamente de seriedad y no trasciende de meras conjeturas periodísticas, carentes de sustento probatorio y razonabilidad absoluta”, alegó el juez en su presentación.
Los senadores “señalan una serie de conjeturas que toman como ciertas” y “sin más solicitan la destitución de este magistrado y del Agente Fiscal de Brandsen”, detalló.
También precisó que tanto D’Onofrio como Allan “resultan conspicuos lectores de matutinos periodísticos” y “notoriamente desconocedores de las leyes procesales que rigen la materia procesal penal, llamativamente de la provincia que representan en sus bancadas”, habida cuenta de que no reparan que “las medidas de prueba, tales como el cotejo de vainas secuestradas y la inspección de un arma de fuego, resultan ser medidas practicadas y llevadas a cabo por el titular de la investigación penal preparatoria; en nuestra provincia, el agente fiscal”.
Como se sabe, el jueves de la semana pasada, para despejar dudas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga la masacre de Unicenter, ordenó un allanamiento en el despacho de Melazo. Y lo mismo sucedió en oficinas de la Procuración bonaerense, en 13 y 48, y en la fiscalía de Brandsen, a cargo de Mariano Sibuet.
Concretamente, la sospecha apunta a que el pedido de detención del barrabraba K se demoró más de la cuenta, al punto que, cuando fueron a buscarlo, ya había desaparecido de los lugares que solía frecuentar.
Por este caso, tanto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como la diputada Elisa Carrió, lanzaron durísimas críticas al papel de la Justicia.
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