Preocupación por el robo de transformadores eléctricos en diferentes zonas de la Región

La denuncia formulada por la empresa Edelap, indicativa de que en el primer semestre de este año se registró el robo de 16 transformadores de distinto porte, con un costo de reposición de más de $ 1.200.000, -en una situación que afectó en forma directa la normal prestación del servicio eléctrico a numerosas familias, viéndose afectadas, entre otras localidades y zonas, las de Arturo Seguí, City Bell y Abasto- obliga a las autoridades a reaccionar en forma perentoria dada la magnitud y las repercusiones sociales de este delito.

Tal como se informó, las reparaciones o reposiciones de los equipos pueden demandar hasta un día de trabajo, de acuerdo al daño provocado en el transformador afectado. Lo cierto es que la mayor cantidad de robos se produjo en las instalaciones que atienden a la periferia de la Ciudad y luego en las localidades vecinas.

Fuentes de la empresa detallaron que los ladrones sustraen este tipo de equipos para hacerse del hierro y del cobre que se encuentra en el interior de los transformadores, para luego comercializar esos metales. También señalaron que ese tipo de delito genera graves riesgos para quien los comete, aunque ese riesgo se difunde asimismo a la población pues quedan instalaciones tendidas en forma precaria.

Los robos de metales no sólo han afectadon en los últimos tiempos a las instalaciones del servicio de energía eléctrica. También hubo casos en los que barrios enteros se han quedado sin el servicio de telefonía e Internet por la sustracción de cables aéreos

Lo cierto es que los robos a distintas empresas que brindan servicios públicos en nuestra región se incrementaron en forma ostensible desde 2001, viéndose también afectadas las distintas redes e instalaciones pertenecientes a las concesionarias de agua y gas, sobre las cuales se registran robos de caños, medidores y otros elementos, al punto de que, en forma frecuente, también deben ser interrumpidos los correspondientes suministros.

Cabe recordar que en años anteriores, el Defensor del Pueblo nacional había reclamado medidas para ponerle freno a este tipo de delito, al tiempo que recomendó que el ministerio de Economía incluya la exigencia de un certificado que acredite el origen de los desechos de cobre en el proceso de comercialización y exportación.

En los últimos años resultó llamativo el hecho de que esta modalidad delictiva, que se presentaba casi en forma exclusiva en las zonas rurales, comenzó a registrarse en barrios y localidades con núcleos poblacionales asentados.

Los datos de la realidad demuestran que la escalada delictiva no se ha detenido y es evidente, entonces, que debe insistirse en la necesidad de evaluar una solución integral para frenar un delito que afecta -como se dijo- la prestación de servicios indispensables y, desde luego, la calidad de vida de miles de personas.

En cuanto al caso concreto del robo de transformadores eléctricos, seguramente que las autoridades de la empresa y la fuerza policial no pasarán por alto –como indicio a tomar en cuenta- el significativo hecho de que se roban equipos de muy pesado porte y que para concretar la sustracción harán falta grúas u otros elementos propios, así como también conocimientos muy específicos.