El Gobierno nacional está inquieto y no se preocupa por ocultarlo. El motivo de la incertidumbre oficial es público: la catarata de fallos de primera y segunda instancia que frena el tarifazo en los servicios del gas, la luz y el agua en distintos puntos del país. Por eso, desde el Poder Ejecutivo salieron a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que tome cartas en el delicado asunto lo antes posible.
De hecho, instalaron que la determinación del máximo tribunal puede ser inminente. Pero fuentes de la Corte consultadas por EL DIA advirtieron que “no hay plazos” para que se concrete un fallo en tal sentido. Ayer, en la reunión de acuerdo de los martes, los jueces no avanzaron en el tema, que tiene pendientes a las familias que recibieron facturas abultadas.
“El Poder Judicial es independiente, pero claro que tenemos expectativa de un fallo favorable”, dijo Mario Quintana, un importante funcionario de la jefatura de Gabinete y miembro de la mesa chica en la Casa Rosada, que habló con este diario al cabo de una disertación en el hotel Hilton de Puerto Madero, donde se realizó una jornada por los 20 años del sistema de riesgos del trabajo.
Quintana admitió de ese modo que el Gobierno espera que la Corte tome el recurso de “per saltum” presentado por la Procuración del Tesoro para dirimir la controversia en forma definitiva. Aunque el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti ya está en condiciones de abocarse tras el fallo emitido el lunes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba.
Ese fallo suspendió el aumento del gas en el distrito mediterráneo por el plazo de tres meses. También hubo resoluciones en la provincia de Buenos Aires, en distritos populosos como San Martín, La Matanza o Avellaneda, dictadas por jueces a pedido de instituciones como clubes de barrio, sociedades de fomento o clínicas privadas que no pueden hacer frente a los aumentos.
En todos los casos, los magistrados ponen el dedo en la llaga: hacen notar que el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Energía- no convocó a audiencias públicas antes de avanzar con los incrementos tarifarios, como lo establece la legislación vigente. Ese sería el punto débil del Gobierno cuando llegue el momento en que resuelva la Corte, tal vez el próximo martes.
Los aumentos de las tarifas llegaron, en algunos casos, al 700 por ciento y se sintieron con especial crudeza en el Gran Buenos Aires -que contaba con tarifas subsidiadas- y las regiones del país donde el frío obliga a la utilización del gas en forma permanente, como la Patagonia. Pero también afectaron el aparato productivo, ya que las pequeñas y medianas empresas se perjudicaron.
El presidente Macri y sus principales colaboradores argumentaron que las arcas del Estado necesitaban una poda de los millonarios subsidios destinados al sector energético, puesto que ese campo explica buena parte del déficit fiscal. Aunque desde la aplicación del tarifazo no faltaron los cuestionamientos internos para el ministro encargado de ejecutarlo, Juan José Aranguren.
El ministro de Energía también fue blanco de las fuerzas de oposición, que lo señalan como el responsable de un “tarifazo desproporcionado”, como se lo hicieron saber en el Congreso. En medio de un clima de desgaste político, ante un tema tan sensible porque toca el bolsillo de los argentinos, el Gobierno busca ahora que la Corte frene los fallos que suspenden los aumentos.
Además de Quintana, habló ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo sin medias palabras que “sería bueno” que la Corte -ahora integrada también por Horacio Rosatti- “resuelva el tema” de la validez de los aumentos de tarifas “para empezar a generar certidumbre”. Es que se trata de la medida económica más resistida de todas las que adoptó el gobierno de Cambiemos.
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