Las asociaciones de consumidores salieron ayer a rechazar el carácter “informativo” de las audiencias públicas a las que convocaría el Gobierno tras la suspensión de los aumentos tarifarios por vía judicial, al tiempo que reclamaron participación para su discusión.
Así se expresaron el representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, y el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), Osvaldo Riopedre, en referencia a la decisión oficial de convocar a audiencias para informar sobre las razones que lo llevaron a incrementar las tarifas de los servicios de gas y electricidad.
Riopedre advirtió que “una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos, vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20 ó 30 días más”.
También aseguró que se trata de una “situación de urgencia” tanto para las compañías distribuidoras como para los consumidores, debido a que “las empresas no recaudan y los usuarios algún día van a tener que pagar. Y si se juntan dos o tres facturas, si no se puede pagar una, menos van a pagar dos o tres”, subrayó.
De todas maneras, Riopedre advirtió que no se puede dejar “que los jueces fijen las tarifas, lo tiene que hacer el Ejecutivo”, aunque aclaró que “lo tiene que hacer bien”.
Por su parte, Polino señaló que el Gobierno “se vuelve a equivocar”, ya que “las Audiencias Públicas no sólo son informativas”, sino que “también tienen que constituir una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de modo tal que todo usuario que pueda verse afectado, o tenga un interés particular o general, pueda expresar su opinión”.
“Si la Audiencia Pública a convocar, queda limitada solamente a la etapa informativa, se estaría desvirtuando su finalidad que es promover y permitir una efectiva participación ciudadana, y además poder confrontar de manera transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones, sobre los aumentos propuestos en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural”, planteó el ex diputado socialista en un comunicado.
De esa manera, concluyó, “el problema planteado continuaría sin solución porque el tipo de Audiencia Pública informativa no tendría ninguna validez al no reunir los requisitos establecidos en las normas jurídicas vigentes”.
Procelli coincidió en que “no alcanza sólo con realizar una audiencia informativa” y pidió que se discutan los incrementos “con toda la información sobre la mesa”, además de preguntarse si la convocatoria no es “para esconder información”.
“Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, y ver qué pasa en cada una de las ciudades, porque la realidad es distinta en cada una de las provincias”, puntualizó.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO A LA AUDIENCIA
El ministro del interior, Rogelio Frigerio, defendió por su parte la realización de audiencias públicas para discutir los aumentos tarifarios al afirmar que al Gobierno nacional le parece “una buena idea en el marco de este problema que se generó”.
“Creemos que puede ser una buena idea en el marco de este problema que se generó con las tarifas que nos tiene preocupados porque la alternativa a hacer algo con las tarifas es que la Argentina se quede sin energía”, planteó Frigerio.
Al ser consultado acerca de las críticas de las asociaciones de consumidores que rechazaron l carácter informativo de las audiencias públicas, el funcionario fundamentó: “Entendíamos y nos parecía una buena idea en este marco que se ha generado en torno a las tarifas hacer una audiencia que sirva para debatir este tema y que todos los sectores puedan plantear su opinión”.
Al hablar con la prensa, previo a su disertación en un encuentro organizado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Frigerio recordó que “nosotros anunciamos que en octubre vamos a hacer una audiencia en el marco de la necesidad de tener la resolución técnica integral de los precios de las tarifas”, y destacó que en el gobierno “siempre estamos a favor del diálogo, y de escucharnos”.
El funcionario sostuvo que el presidente Mauricio Macri planteó desde el principio de su gestión que en la cuestión tarifaria “si seguíamos como estábamos, Argentina iba rumbo a lo ocurre en Venezuela”.
“Sin energía no hay proyecto de desarrollo posible” aseveró el ministro, quien remarcó que “Argentina tiene muchas posibilidades de autoabastecerse de energía” porque “contamos con los recursos necesarios” pero agregó que “necesitamos dar las señales correctas para que vengan las inversiones, y podamos producir lo que tiene bajo el suelo Argentina”.
En ese sentido, argumentó que si los precios de la economía “tuvieron un incremento de entre 700 y 1.000 por ciento en los últimos diez años” mientras las tarifas siguen “congeladas” entonces “evidentemente esa no es la señal que se condice con la realidad”.
“El presidente se vio obligado a tomar medidas que reconoce antipáticas, difíciles, pero que son las medidas que van a posibilitar que en Argentina no ocurra lo que está pasando en Venezuela”, concluyó.
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