Por estas horas los investigadores judiciales y funcionarios se preguntan hasta dónde pueden avanzar con los controles a las fiestas privadas, teniendo en cuenta el trágico antecedente del 1 de enero de este año, cuando Yésica Uscamayta, de 26 años, fue a una fiesta en una quinta de 520 entre 159 y 160, y murió ahogada.
Aquel evento también fue promovido por redes sociales y la Municipalidad envió a los organizadores dos notificaciones advirtiéndoles que no debían realizarlo, pero se hizo igual. Esa madrugada Control Urbano estuvo en el lugar, pero no se desalojó el predio, la fiesta siguió y ocurrió la tragedia.
Fuentes oficiales confirmaron que “en lo que va de agosto supimos de cuatro fiestas privadas”, algunas de las cuales “comenzaron como juntadas y derivaron en un negocio”.
En la fiesta que derivó en el escándalo del sábado, los policías secuestraron cuchillas y dos armas, una de ellas apta para el disparo. Y lo que más preocupa a los investigadores es que “había menores y mayores en un ámbito con alcohol y sin controles”.
Un pesquisa comentó que meses atrás ocurrió un abuso sexual contra una menor de 12 años en una fiesta privada en La Plata, pero los padres de la chica decidieron no radicar la denuncia para no exponerla.
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