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La mayoría de los legisladores apoyan las acusación contra la presidenta suspendida
La sesión del Senado presidida por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, donde se debía definir si avanza hacia el último paso de la destitución de Dilma
El Senado de Brasil avanzaba al cierre de esta edición en una sesión histórica para definir si acepta o no procesar a la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, y someterla a juicio político a fin de mes para poder destituirla, por supuestos delitos a la ley de responsabilidad fiscal, una acusación que ella y quienes la respaldan enmarcan en un “golpe” institucional.
“Es un día triste para Brasil; esto es consumar una estrategia de las clases dominantes para pasar por encima de la democracia y de una presidenta electa por 54 millones de votos”, dijo la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), una de las líderes de defensa de Rousseff.
El nuevo oficialismo que apoya al presidente interino, Michel Temer, confía en que el Senado aprobará al término de esta sesión, que puede extenderse hasta la madrugada del miércoles, por mayoría simple, la aceptación de la acusación contra la mandataria, aprobada en comisión la semana pasada.
La sesión está presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lewandowski, quien debe tratar al Senado como si fuera un tribunal.
En un primer indicio de que quienes impulsan el juicio político contarían con la mayoría necesaria para avanzar con la destitución, se dio cuando el presidente del Supremo Tribunal Federal rechazó una apelación de la defensa que pedía suspender el juicio político a raíz de las últimas revelaciones del empresario detenido Marcelo Odebrecht, quien confesó -según la prensa- que le pagó sobornos y financió ilegalmente campañas a Temer, a su jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y al canciller José Serra. Al cierre de esta edición el Senado se encaminaba a aprobar por clara mayoría el informe que pide la destitución de Rousseff, en una maratoniana sesión.
Para la aprobación de ese informe, que acusa a Rousseff de una serie de irregularidades fiscales que califica de “atentado contra la Constitución”, bastará una mayoría simple, que con asistencia plena al momento de la votación sería de 41 entre los 81 posibles. Tras unas diez horas de debates, 30 senadores habían adelantado su intención de aprobar el informe, frente a 15 que anticiparon su rechazo. Sin embargo, entre los 36 que aún no se habían pronunciado se calcula que la gran mayoría es proclive a aceptarlo.
Si el informe es aprobado, el proceso pasará a su última fase, lo cual supondría una nueva sesión que se convocaría para fines de este mes y en la que Dilma será despojada del cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 senadores. En ese caso, el mandato que vence el 1º de enero de 2019 deberá ser completado por Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye desde el 12 de mayo pasado a Rousseff, suspendida de sus funciones en esa misma fecha. Lewandowski, quien dirige el trámite como garante constitucional del proceso, calculaba que la sesión duraría unas 20 horas, pero a fin de abreviarla hacía gestiones que llevaron a parlamentarios a renunciar a su derecho de palabra.
Al abrir la sesión, Lewandowski subrayó la “delicada incumbencia” del caso y también que los senadores deberían actuar como “jueces”, con “plena independencia”, según sus “propias conciencias y las normas constitucionales”, y despojados de “pasiones políticas”.
El mensaje fue acatado en los primeros momentos, pero olvidado a a medida que avanzaba el debate, cuya temperatura subió hora a hora.
Uno de los legisladores que pidió la destitución de Rousseff fue Aécio Neves, quien preside el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014 por apenas tres puntos porcentuales, afirmó que el proceso ha demostrado la veracidad de la denuncia sobre la “irresponsabilidad” de la mandataria que hizo en aquella campaña. “El país constata ahora lo que dijimos en 2014”, pero también “quiere que aquellos que cometieron crímenes respondan por ello”, así se trate de “la presidenta de la República, que no puede estar por encima de la ley”, declaró.
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