Hoy, a partir de las nueve de la mañana, 35 policías deberán desfilar por la sede de la Asesoría Pericial de Tribunales de La Plata, para formar cuerpo de escritura. Los citados son efectivos de distinta jerarquía, algunos de ellos con rango de comisario, quienes pertenecen a la casi totalidad de las seccionales de la Ciudad, desde donde, según sospecha e investiga la Justicia, se motorizaba un presunto engranaje de recaudación ilegal, que terminaba en la Departamental local.
Este sistema, que denunció la Dirección de Asuntos Internos el pasado 1º de abril, cuando en la sede de la calle 12 entre 60 y 61 descubrió la existencia de 36 sobres con dinero -que sería espurio- en un despacho contiguo al del titular de la dependencia, dio inicio a una causa en la fiscalía de Marcelo Martini, quien pidió su detención, al igual que a otros tres funcionarios.
La medida, que fue avalada por la jueza de garantías Marcela Garmendia, encontró sin embargo un freno en la Sala III del Tribunal de Alzada, cuyos integrantes, por cuestiones técnicas, la consideraron prematura, atento las pruebas que surgían del expediente.
En ese momento, el fiscal continuó con la pesquisa, incorporó otra denuncia, que apuntaba a la misma operatoria, y decidió convocar a los jefes de la casi totalidad de las comisarías platenses a que se sometan a un peritaje caligráfico.
Según indicaron los voceros consultados, el examen apunta a determinar si alguna de esas personas, de puño y letra, pudo haber preparado los envoltorios con el dinero que llegó a la Departamental.
ANOTACIONES
Cabe recordar que los paquetes contenían letras y números, que podrían resultar claves para descubrir si, efectivamente, hubo alguien implicado en el manejo de estos fondos que se presumen ilícitos y que provendrían de posibles custodias clandestinas, aportes de comerciantes y hasta de actividades tales como el juego y la prostitución.
Fuentes judiciales explicaron que antes de solicitar los peritajes, se hicieron entrecruzamientos de llamadas entre los imputados y los policías que deberán someterse a la prueba.
“Casi todos llamaron o recibieron llamadas horas antes o después del allanamiento realizado por Asuntos Internos. Creemos que intentaban protegerse o establecer estrategias para eludir sus responsabilidades”, sostienen en la fiscalía.
Las actuaciones en este caso están a cargo de oficiales de la Procuración de la Corte, porque, por obvias razones, la Policía no puede investigar.
Por el momento, Martini no tiene evidencias sobre intervención de oficiales de más alto rango en esta maniobra. Aunque no se descarta esa hipótesis, ya que las sospechas de este tipo de prácticas, que dejarían cifras millonarias, se remontan a tiempos inmemoriales.
El caso no es único. El 1° de julio pasado la misma Dirección de Asuntos Internos allanó un garito clandestino en el que secuestró sobres –también con anotaciones referidas a oficinas policiales– y detuvo a tres jefes de la Bonaerense por cobrar para encubrir el juego ilegal en el distrito de Malvinas Argentinas.
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