Se tensa la previa de la visita de Aranguren a Diputados

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre los aumentos de tarifas y que el ministro de Energía Juan José Aranguren exponga mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, dirigentes nacionales y provinciales criticaron la judicialización del tema.

La judicialización del conflicto tarifario fue objetada ayer por los ministros de Justicia, Germán Garavano, de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la canciller Susana Malcorra, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mientras que el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, deploró que el tarifazo “se implementó pésimamente”.

A su vez, el diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido replicó las criticas de funcionarios por el congelamiento de tarifas durante 12 años, y planteó que en la reunión del martes en la Cámara Baja “no está en juego ninguna herencia recibida sino el escandaloso tarifazo del gobierno de (Mauricio) Macri”.

Aranguren concurrirá mañana a las 14 al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Energía y Combustibles, Obras Públicas y de Defensa de la Competencia para informar sobre los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas, en medio de la expectativa de que en los próximos días se conozca el fallo de la Corte Suprema sobre el incremento de las tarifas, actualmente frenado por la Justicia.

En este contexto, Garavano aseguró que “hay una sobredosis de Comodoro Py” que “es una parte muy chica de la Justicia”, y denostó la “excesiva judicialización de las decisiones políticas”, al tiempo que reconoció que zanjar el conflicto “es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará”.

Por su parte, Stanley advirtió que si la Corte Suprema suspende la suba de tarifas autorizada por el gobierno “se retrotrae todo a una situación previa y se perdería la tarifa social”, aunque estimó que el alto tribunal no tomaría “una medida en la que vaya todo a foja cero”.

Asimismo, Malcorra dijo que la judicialización del tema tarifario “no es bueno para el ordenamiento interno ni para la imagen de la Argentina ante el mundo”, y señaló que “estas cuestiones las está mirando el mundo para ver hasta dónde la Argentina tiene un modelo sostenible en el largo plazo”.

En igual sintonía, Bordet que “no se puede seguir judicializando” el aumento a las tarifas de los servicios y confió en que “la Corte Suprema pueda tomar una definición en esta semana para llevar certidumbre”.

En cambio, Lifschitz opinó que la suba de tarifas “se implementó pésimamente” y pidió que el Gobierno garantice “reglas de juego claras” para que “la gente” sepa cuándo y cómo se van a aplicar los aumentos a los servicios.

Por su parte, De Vido refutó los dichos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros funcionarios sobre el congelamiento de tarifas: “Con esas tarifas ‘atrasadas’ construimos 12 mil megavatios, 2.500 km de gasoductos y 5.500 km de líneas de alta tensión. Ter minamos Atucha y Yacyretá, paralizadas por los ‘notables que ahora los asesoran”, y destacó que el martes “la voluntad de la Cámara es interpelarlo a Aranguren por todos los escándalos que protagonizó en estos 8 meses”.