Ahora piden la indagatoria de Cristina por la obra pública

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Fernández y varias decenas de ex funcionarios sean citados a prestar declaración indagatoria por el supuesto montaje de “una estructura corrupta” para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su Gobierno, aunque en realidad creen que la “maquiavélica planificación” comenzó en el 2003 antes de la asunción de Néstor Kirchner y cuando el hoy detenido empresario santacruceño era “sólo un empleado bancario”.

Para estos fiscales, la ex mandataria y Báez “se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

TAMBIEN DE VIDO Y JOSE LOPEZ

El pedido a indagatoria conocido ayer alcanza también al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario del área Abel Fatala, a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. También el reclamo de indagatorias alcanza a Báez, preso desde el 5 de abril pasado en la causa por la llamada “ruta del dinero K”, y de su hijo Martín, procesado en el mismo expediente, además de la inhibición general de bienes de todos los imputados.

Se trata del primer pedido de indagatoria de relevancia en el marco de la megacausa que instruye el juez federal Julián Ercolini por asociación ilícita, que en 2008 impulsó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, junto a otros legisladores de su partido, como Paula Oliveto Lago. Si bien la causa se había separado en tramos, las auditorías hechas por la nueva gestión en el ámbito de Vialidad Nacional permitieron a los fiscales Pollicita y Mahiques reclamar la indagatoria de la ex presidenta y otros 33 imputados por las supuestas irregularidades en la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Báez.

Este planteo podría cobrar relevancia en la causa por lavado de dinero conocida como “ruta del dinero K”, donde se busca saber si la obra pública pudo haber sido el delito precedente. “Se encuentra acreditado que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, representado en un primer período por el difunto Néstor Carlos Kirchner y luego por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, y en uso de las atribuciones que la propia Constitución Nacional les confería en sus respectivos roles de Jefes de la Administración Pública Nacional, asignaron estratégicamente fondos públicos a la obra pública vial y designaron en las distintas reparticiones con injerencia en ella, a personajes con los que se vieron íntimamente vinculados en el pasado, quienes ostentando entonces cargos clave posibilitaron -por acción u omisión- múltiples y millonarias adjudicaciones a un mismo empresario amigo, único eslabón visible de la distribución que luego se llevaría a cabo”, se sostuvo en el dictamen.

Resaltaron los representantes del Ministerio Público que en esa supuesta operatoria Báez “paralelamente les garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada Hotesur”.