En un largo plenario de más de 9 horas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió la suba de tarifas energéticas planteada por el Gobierno nacional, ratificó tope de 400 por ciento de aumento al gas propuesto en la última corrección, al tiempo que la oposición le reclamo que retrotraiga la medida argumentando que los incrementos no pueden ser pagados por la población y lo acusó de “incompatibilidad” para ocupar el cargo por su pasado como presidente de la petrolera Shell.
De todas maneras, el funcionario señaló que existe “un plan B” en caso que la Justicia impida los aumentos, prometió que “el servicio se seguirá prestando” y que “a nadie se le cortará el suministro por no pago”.
LA PELEA QUE NO PUDO SER
Aranguren se presentó ayer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados presidido por el diputado Luciano Laspina, y flanqueado por el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, y el titular del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot. La convocatoria concentró la atención ante un posible cruce de Aranguren con el ex ministro de Planificación y actual presidente de la Comisión de Energía, Julio De Vido, quien finalmente no concurrió y envió una carta (ver aparte).
La maratónica sesión que se inició a las 14.30 y estuvo matizada por continuos cruces de los diputados opositores, especialmente del Frente para la Victoria, que a viva voz interrumpían las respuestas de Aranguren al grito de: “Hablá de las tarifas” cuando el funcionario justificaba las subas por la delicada situación energética que heredó la administración Macri.
Entre los argumentos con los que defendió la posición oficial, Aranguren reveló “que al 90 por ciento de los usuarios de luz y al 87 por ciento de los de gas les llegaron facturas menores a 500 pesos y que para las de gas a un 42% las facturas estuvieron por debajo de $400”.
Sobre el tope del 400% que destacó que “fue consensuado con los gobernadores” representan tarifas que “son el 25% de las que se pagan en países limítrofes”. Aranguren también afirmó que el cuadro tarifario aplicado “es gradual tanto por consumo como por región”.
El ministro de Energía enfatizó que el Gobierno nacional está facultado para formular esta adecuación tarifaria transitoria a partir de la norma que decretó la Emergencia Pública en 2003 y habilitó la renegociación de contratos de servicios públicos hasta tanto se realice la Revisión Tarifaria Integral (RTI), durante las audiencias públicas convocadas para octubre.
En tanto, el diputado radical Mario Negri, se alineó en la defensa del Gobierno y prometió que “nadie va a ahogar a la sociedad”, al tiempo que Massot dejó una frase polémica al sostener que “no percibimos dificultades profundas para poder pagar estos aumentos”.
OFENSIVA OPOSITORA
La oposición adornó las mesas con carteles fustigando al Gobierno de Macri y centró su posición en reclamarle al Gobierno que retrotraiga la medida. Además le apuntó a Aranguren por su condición de accionista de Shell y lo acusó de “incompatibilidad” para el cargo.
El diputado Héctor Recalde enfatizó que “entendemos que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de ajustar el precio de la tarifas pero dentro del marco de la ley” y le pidió al ministro “que el pueblo no pague la retroactividad”. Por su parte, el ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof, rechazó las acusaciones sobre el estado en que oficialismo recibió el sector energético y acusó al Gobierno nacional “de querer desviar la atención sobre el aumento de las tarifas”.
En tanto, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, también se unió a las quejas por el pasado en el sector privado del ministro y pidió que “no se nos tome por pavotes porque hay mil maneras” de que el funcionario intervenga en decisiones.
Lo cierto es que a pesar del arduo debate en Diputados, todas las expectativas están centradas ahora, sobre todo del Gobierno, en la definición de la Corte Suprema sobre el fallo platense por el ajuste en las tarifas del gas, probablemente en la acordada de mañana.
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