En 2006 se identificaron, a través de una ordenanza que luego se reformó, 1.826 inmuebles - entre edificios y conjuntos arquitectónicos - de valor histórico, arquitectónico o ambiental. La normativa fue objeto, en su momento, de una fuerte polémica debido a que numerosas construcciones particulares fueron incluidas en un inventario que funcionó, en muchos de esos casos, como un “cepo” para determinadas decisiones que debían adoptar sus propietarios. Varias de esas viviendas fueron catalogadas con la protección máxima, la “integral”, por lo que no se le puede correr ni un zócalo. Pero además, en aquella ocasión se criticó que así como se debe proteger del deterioro a esos inmuebles existe la realidad de que no todas las familias están en condiciones económicas de mantener la propiedad; el Estado no colabora más que con la exención de una parte de la tasa SUM, y la conservación de ese tipo de edificios es por demás costosa.
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