Se deberían crear Defensorías especiales para víctimas de la tragedia vial

Se debería pensar con seriedad en la creación de Defensorías especiales para las víctimas de las tragedias viales en la Provincia. El Estado no se puede desentender del enorme drama que provoca este flagelo. Y uno de los aspectos que se deben computar -no el único, por supuesto- es el de brindar asistencia legal gratuita a víctimas y familiares que, así como están las cosas, suelen caer en manos de la “industria de los caranchos” que lucran con la tragedia y degradan una noble profesión.

En una nota de fondo publicada ayer por este diario se describía la magnitud del drama social que deriva de la inseguridad vial. Entre otros aspectos, se abordaba allí la situación de extrema vulnerabilidad a la que quedan condenadas miles de familias que, súbitamente, deben lidiar con las secuelas de una tragedia vial. En el caso de gente humilde y sin recursos, al dolor irreparable se le suma el desamparo. Por eso es que desde este espacio es oportuno subrayar el planteo para que se creen defensorías especiales, porque no son casos aislados. Como se dijo, mueren en la Argentina casi 7.500 personas por año en accidentes viales.

En el Gran La Plata, donde este flagelo tiene una especial incidencia, ya han muerto en lo que va del año 77 personas -en su mayoría jóvenes- por hechos de esta naturaleza. Casi el 20 por ciento eran peatones. Vale la pena remarcarlo hoy, cuando se celebra el Día del Peatón.

Los mayores esfuerzos se deben poner, por supuesto, en garantizar seguridad vial; en modificar patrones de comportamiento; en hacer controles eficaces; en mejorar la infraestructura; en trabajar con la industria automotor sobre los dispositivos de seguridad vehicular. La meta, en definitiva, debe ser reducir cuanto antes y del modo más drástico posible los índices de muertos y heridos por incidentes viales. Pero mientras tanto hay que darles una respuesta, desde el Estado, a las familias “quebradas” por este flagelo.

Así como el Estado garantiza una defensa gratuita a imputados por delitos, también debería garantizar patrocinio de ese tipo a víctimas directas o indirectas de la tragedia vial que se encuentren -como tantas- en situación vulnerable y de debilidad.

Litigar contra el sistema asegurador, en causas que normalmente requieren complejos peritajes y en los que uno u otro encuadre puede determinar si corresponden o no indemnizaciones millonarias, no es algo que esté en condiciones de hacer una familia con recursos escasos. Por eso, y ante la magnitud que ha alcanzado esta problemática en la Provincia y en el país, se debería pensar en una estructura de asistencia legal específica para quienes enfrentan esta cruda realidad.

Se debería diseñar, al mismo tiempo, una verdadera política de Estado orientada a enfrentar en todos los frentes el complejo problema de la inseguridad vial. No se logrará de un día para el otro, pero se podrán hacer grandes avances -seguramente- si se empieza a caminar con decisión y constancia en la dirección correcta.

Como se señaló en el artículo publicado ayer en las páginas de EL DIA, es hora de decir basta a tantas muertes evitables. Y de tomar conciencia sobre la gravedad de un flagelo que provoca, sólo en nuestra región, una tragedia equivalente a la de Cromañón cada 19 meses.