El juez federal Ariel Lijo pidió ayer las dos últimas declaraciones juradas de la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación Suma, al ordenar las primeras medidas de prueba en la causa que la investiga por el origen del dinero robado a su casa en noviembre pasado.
El magistrado libró oficio a la Inspección General de Justicia para que le envíe los legajos de la fundación Suma, de Michetti y también de otras ligadas al PRO que quedaron bajo investigación: Fundar, Seguridad y Justicia, Creer y Crecer y Formar.
DECLARACIONES JURADAS
Y requirió a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de Michetti en 2014 y 2015. Además, pidió los “antecedentes registrales” de las fundaciones y que se le informe “si las mismas fueron beneficiarias de donaciones efectuadas por terceros contribuyentes en el 2015”.
Lijo ordenó las medidas pedidas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, al imputar a Michetti tras la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero en relación al robo del 22 de noviembre de 2015 en su casa.
Y a raíz de una denuncia posterior de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade se dispuso solicitar informes sobre otras fundaciones.
En la causa se investiga si la vicepresidenta incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares) robado de su casa.
Por el robo fue procesado un custodio de la Vicepresidenta.
Y también establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación Suma, presidida por la funcionaria, como ella explicó. Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
Martínez Herrero pidió verificar las “circunstancias relacionadas con la donación efectuada a la fundación Suma” y corroborar “las declaraciones juradas de la actual vicepresidente desde el período 2014 hasta la fecha, y de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, a los fines de constatar si en las mismas figuraba la suma de 50 mil dólares”.
En su denuncia Cabandié y Tailhade aludieron a la Fundación Suma y “expresaron que la mayoría de los miembros del Gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO”.
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