Boudou quedó a un paso del juicio oral por la venta de Ciccone

El ex vicepresidente Amado Boudou, su ex socio José María Núñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele quedaron a un paso del juicio oral por la apropiación supuestamente irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, en 2010, luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello requirió que sean sometidos a esa medida.

El fiscal pidió que también sean juzgados Nicolás Tadeo Ciccone -uno de los dos hermanos dueños de la sociedad-; Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, y César Guido Forcieri, ex jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía. Además, el funcionario del Ministerio Público reiteró los pedidos de llamados a declaraciones indagatorias para Echegaray y la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, así como empleados de la oficina tributaria y la sede monetaria acusados de haber intervenido en la maniobra.

Los petitorios fueron incluidos en el requerimiento de 243 páginas que el fiscal Di Lello elevó al juez federal Ariel Lijo para que disponga la clausura de la etapa de instrucción en el expediente y su pase a la del debate en audiencias orales y públicas.

La adquisición de la imprenta Ciccone, que se encontraba en quiebra, “con fondos que se presume de origen ilícito” supuestamente por Vandenbroele y su sociedad The Old Fund “tenía la ultra-intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal”, consignó el fiscal. Y sostuvo que “para ello, el licenciado Amado Boudou, por entonces Ministro de Economía de la Nación, se interesó en esa operación, junto a su socio comercial, José María Núñez Carmona”.

“Boudou y Núñez Carmona negociaron la adquisición de la calcográfica, a través del cual la familia Ciccone cedía el 70% de las acciones”, escribió Di Lello, a cambio del “levantamiento de la quiebra, la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal y la inyección de capitales para recuperar su productividad”.

Según el fiscal, los delitos por los que Boudou y los otros deben ir al banquillo y ser enjuiciados son “negociaciones incompatibles para la función publica” y “cohecho”.