“El fallo nos permite parar un poco la pelota”. Así se sinceró Marcos Peña luego de que la Corte provocara un fuerte impacto al Gobierno al anular, tras una larga y tensa controversia, el aumento de las tarifas del gas para los usuarios residenciales. El jefe de Gabinete hizo ese comentario tras una reunión reservada con el presidente Macri y el ministro Aranguren.
En el despacho presidencial, los máximos referentes del gobierno de Cambiemos intentaron asimilar el golpe que significó la resolución judicial y buscaron atenuar el costo político de esa derrota, la más resonante desde que Macri asumió la Presidencia. Pocos minutos después, el ministro coordinador y Aranguren se presentaron ante la prensa a dar su versión de los hechos.
“Acá no se trata de quién tiene la razón”, afirmó Peña en la sala de conferencias de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete no hizo ningún tipo de autocrítica por la actuación del Gobierno en general y del ministro Aranguren en particular, en los más de cinco meses que lleva el conflicto de las tarifas. Incluso, hizo un llamado a “toda la dirigencia” para abordar el tema “con madurez”.
Pero el discurso que ofreció la administración macrista en las horas posteriores al fallo de la Corte tuvo algunas contradicciones. El propio jefe de Gabinete aceptó que, más allá de que las culpas puedan ser repartidas entre fuerzas políticas, jueces y fiscales, “al final del día la responsabilidad es nuestra”. Es decir, del Ejecutivo, que no consiguió a despejar la incertidumbre de la población.
La derrota política que asestó al oficialismo el fallo de la Corte por la tarifa del gas fue más contundente que en el terreno económico. En ese aspecto, el hecho de que la anulación del aumento no rija para los usuarios no residenciales -que reúnen al 70% de los consumidores- achicó el impacto fiscal para las arcas del Tesoro nacional, que el Gobierno todavía no midió.
LAS CUENTAS PUBLICAS
En ese sentido, la gestión de Cambiemos ratificó la meta de 4,8% de déficit fiscal en relación al Producto Bruto Interno (PIB) para 2016, con lo cual desestimó que el daño a las cuentas públicas vaya a ser tan relevante como se había advertido antes del fallo de la Corte. De todos modos, el Gobierno confirmó que no usará reservas ni emitirá para financiar el sistema de subsidios.
El jefe de Gabinete advirtió, sin embargo, que se podrían revisar algunas partidas destinadas actualmente a la obra pública, en sintonía con lo que había deslizado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat- Gay, días atrás. “El subsidio lo seguimos pagando todos los argentinos”, dijo por su parte Aranguren, ante una consulta de EL DIA en la conferencia que ofreció junto a Peña.
En términos estrictamente judiciales, el fallo de la Corte puso sobre la mesa una ley no escrita por la que se rigen los tribunales argentinos: el máximo tribunal del país difícilmente podría resolver en sentido contrario que el resto del Poder Judicial. No obstante, el Gobierno tomó algunos pasajes de la resolución como aspectos positivos, según estimó el ministro de Justicia Garavano.
Por caso, afirmó el funcionario, que en los fundamentos de la sentencia la Corte haya “fijado límites” a la intervención de los jueces, respecto de sus jurisdicciones y de las atribuciones en materia tarifaria, así como en casos de acción colectiva. En la mirada de Garavano, hubo fiscales y magistrados que actuaron “de mala fe, por medio de procedimientos judiciales de tinte político”.
CONTRA LA “JUSTICIA K”
El ministro de Justicia no identificó a ningún juez, pero la referencia aludió a los que integran la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Antes del fallo, incluso, el Gobierno había dejado trascender que reactivaría la avanzada contra la procuradora Gils Carbó, quien dictaminó en favor de la anulación del aumento de la tarifa del gas, pocas horas antes de que lo hiciera la Corte.
En ese contexto, que sin embargo Garavano pidió “dejar atrás” para evitar “la confrontación y el conflicto entre poderes” del Estado, no solamente la Justicia intervino en la controversia, sino que también lo hizo el Congreso de la Nación. El último martes el ministro Aranguren tuvo que dar explicaciones a los diputados durante más de diez horas, en lo que asemejó a una interpelación.
Allí quedó en claro que Cambiemos respaldó al Presidente, aunque tanto el radicalismo como la Coalición Cívica de Elisa Carrió manifestaron sus diferencias con la mesa chica del gobierno, que es la del PRO. “Lilita” deslizó que habría que contar con un buen secretario de Legal y Técnica, mientras que Negri admitió que le “hacen ruido” las acciones de Shell que posee Aranguren.
Ayer después de la conferencia en la Rosada, Aranguren padeció el allanamiento del Ministerio de Energía, en una causa que investigan si hubo irregularidades en la importación de gas a Chile, a través de una compañía subsidiaria de Shell. Ese punto débil del más cuestionado de los ministros de Macri, atado a su pasado reciente como empresario, seguirá siendo explotado por la oposición.
Aunque más allá de que el conflicto se haya encarnado en un ministro, en el fondo hay un hecho más preocupante: el tiempo que el Gobierno perdió en la instrumentación de una medida, a la que no logró poner en marcha ni tampoco rectificarla con suficiencia. Por eso, lo más importante del fallo de la Corte es que estableció un nuevo escenario, algo que la Casa Rosada no supo construir.
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