Miguel De Paola, uno de los dos tuiteros detenidos y acusados de lanzar amenazas de bomba en los últimos días, reconoció ayer ante la Justicia que fue responsable de los mensajes que dispararon intimidaciones contra el presidente Mauricio Macri y advertencias sobre posibles atentados terroristas, revelaron fuentes judiciales.
Los voceros dijeron que De Paola, de 21 años, descomprimió la situación del otro arrestado y sobrino suyo, Walter Joel Ovejero, quien antes había descargado la responsabilidad en su tío, lo que derivó en allanamientos y secuestro de computadoras y hasta armas.
De Paola, explicaron, dijo ante la jueza María Romilda Servini que creó un perfil “para divertirse” y que “al ver que tenía mucha repercusión, le dio vida a esa cuenta anónima de la red social”.
También, añadieron las fuentes, el joven comentó que “percibía que “había gente que se lo tomaba en serio y temía atentados, y otra gente que no”.
Los voceros indicaron que las defensas solicitaron las excarcelaciones de ambos imputados, pero el juzgado va a esperar los resultados de las pericias de las computadoras secuestradas en los operativos para luego decidir.
De Paola y Ovejero, ambos de 21 años, fueron arrestados el pasado sábado en una vivienda del barrio porteño de Chacarita y quedaron imputados por “intimidación pública” por haber enviado tuits en los que señalaban como posibles blancos de ataques terroristas a Macri, a la línea “B” de subtes y al shopping Abasto.
Los jóvenes difundieron sus mensajes amenazantes bajo el hashtag “Pray for Argentina” -”oren por Argentina” en inglés- y daban datos sobre la supuesta facilidad que podrían encontrar grupos terroristas para atacar distintos objetivos en la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto Damboriana, abogado de Ovejero, aseguró que su cliente “no ha escrito” esos avisos intimidatorios y pidió la excarcelación al término de la indagatoria.
Según explicó el abogado, cuando se escribieron los primeros 20 tuits su cliente estaba en Campana; cuando se redactó la segunda tanda estaba trabajando, y para ello aportó la filmación de una cámara de seguridad, y cuando se emitieron los últimos dos estaba en su casa, con su tío, pero él se encontraba hablando por whatsapp en su teléfono celular.
En tanto, Miguel Angel Pierri, defensor de De Paola, afirmó que quería conocer la prueba que había contra su cliente.
En ese momento la jueza Servini había dispuesto el secreto de sumario y ordenó un allanamiento en la casa de De Paola, en la localidad bonaerense de Martín Coronado.
Los familiares de los dos detenidos, que esperaban en los tribunales el final de las indagatorias, minimizaron el hallazgo de una escopeta y dos rifles, y señalaron que esas armas pertenecían a sus ancestros y estaban fuera de uso.
Gabriel Rojas, jefe de la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana, explicó a la prensa que durante el procedimiento en la casa estaba la madre del muchacho con una vecina y que la escopeta “no tiene papeles y no está declarada”.
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