Si para el ciudadano común el fallo de la Corte en la causa CEPIS (originada en nuestra ciudad) es importante en cuanto pone un freno a los últimos aumentos tarifarios en materia de gas, tanto más corresponde resaltar algunos aspectos institucionales que trascienden el caso puntual y demuestran la importancia de contar con una Justicia objetiva y garante de los derechos de todos.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la opinión unánime de sus cuatro miembros actuales (y a escasos días de integrarse plenamente con la asunción de su quinto y último miembro designado, el Dr. Rosenkrantz) ha dictado una sentencia compleja y extensa, con abundantes apreciaciones individuales de cada magistrado (destacándose el fundamentado debuto del Dr. Rosatti), sentando una jurisprudencia que, además de anular el aumento de tarifas para todos los usuarios residenciales de gas del país, fija una posición sólida en diversos aspectos de peso (ausencia de audiencias públicas obligatorias previas, inexistencia de una aplicación tarifaria escalonada para sectores sociales residenciales, etc) y constituye el primer fallo relevante dictado respecto a la política económica del nuevo Gobierno nacional.
Esta decisión judicial de nuestro último intérprete de la Constitución Nacional -la Corte-, realizada en forma racional y objetiva (sin hacerse eco de las numerosas presiones públicas que en estos últimos días tendieron a amedrentar todo freno a la política tarifaria), debe celebrarse en cuanto ejercicio pleno de equilibrio institucional entre poderes, lo cual debiera obligar ante cada nueva medida tarifaria a respetar los pasos de participación cívica necesarios (audiencias públicas), pero principalmente a merituar el impacto económico que las futuras políticas ocasionen en el bolsillo de los argentinos más vulnerables.
Estas premisas han sido sostenidas formalmente por el máximo tribunal de Justicia, y su peso será insoslayable en un contexto donde han primado fuertes presiones para volver a constituir un tribunal permeable a las presiones.
Signo de madurez institucional, equilibrio jurídico y estabilidad.
(*) Abogado constitucionalista
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