La posibilidad de que el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense pueda verse afectado a partir de la decisión del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de realizar el próximo miércoles un paro en medio de las negociaciones de tipo salarial que mantiene con el Gobierno, podría volver generar graves consecuencias sobre la comunidad y sobre el universo de profesionales ligados a la actividad de los juzgados, fiscalías y demás organismos de la administración de Justicia.
Tal como se informó en este diario, la huelga coincidirá con la medida de fuerza que realizarán ese día varios gremios docentes, también en medio de una pulseada salarial con el Ejecutivo de la Provincia. Como se sabe, el sector de los judiciales mantuvo una reunión con funcionarios el jueves pasado, en un encuentro que marcó la reapertura formal de las negociaciones paritarias. Pero que también derivó en el retorno al estado de conflicto gremial, que podrá volver a afectar la normal actividad de los tribunales.
Como se sabe, existen discrepancias en la composición del reajuste salarial para los próximos meses, entre otras de las diferencias que mantienen por ahora alejadas las posiciones de las partes en pugna.
Tal como se ha señalado en forma insistente desde esta columna ante circunstancias similares y, desde luego, sin poner en tela de juicio la legitimidad que pueda tener el reclamo que esgrimen desde el sector sindical o las posturas oficiales, es necesario una vez más enfatizar aquí la necesidad de que las partes enfrentadas -el Gobierno y los judiciales- encuentren solución a un conflicto que, bien se sabe, una vez desatado genera gravísimos perjuicios no sólo a los abogados sino también al inmenso número de ciudadanos que ven afectados derechos básicos, personales o patrimoniales.
Se trata de exhortar a la búsqueda de soluciones que impidan la paralización de los tribunales. En otras oportunidades, tanto el gremio como los funcionarios del Estado exhibieron las necesarias dosis de voluntad conciliadora -no en todas las ocasiones tuvieron éxito, lamentablemente, y es seguro que nadie querría revivir esas malas experiencias- llegándose a fórmulas de acuerdo, que destrabaron el conflicto.
Está claro que no es la primera vez que, en los últimos años, se presenta esta situación en la órbita del Poder Judicial bonaerense y la experiencia acumulada enseña, con meridiana claridad, que no existe otro camino que no sea el de la negociación y el acuerdo. El cerrarse ambas partes en posturas intransigentes, no conduce a nada que no sea generar un gran perjuicio a la población.
Más allá de los forcejeos salariales y el que surge de otras demandas, no puede perderse de vista que la Justicia es –antes que nada- un poder esencial del Estado y, a la vez, un servicio público en el que millones de ciudadanos se juegan nada menos que la libertad, el honor, el patrimonio y hasta las relaciones familiares.
Para un inmenso universo de abogados y otros profesionales es, además, la fuente de la que depende su trabajo. En el extremo que ha alcanzado el conflicto, los mayores esfuerzos deben ser puestos en agotar todas las instancias para que no se vean afectados los derechos o intereses de los justiciables.
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