Imputan a Gómez Centurión y ya es investigado por la Justicia

La Justicia imputó ayer a Juan José Gómez Centurión, el jefe de la Dirección General de Aduanas (DGA) desplazado el viernes pasado a raíz de una denuncia anónima que llegó al ministerio de Seguridad, y también a Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, ex dueño de la compañía de alarmas Lo Jack.

Gómez Centurión se presentó ayer en tribunales, nombró abogados defensores y se puso a disposición de la Justicia.

El fiscal Guillermo Marijuan elevó al juez Ariel Lijo su requerimiento para impulsar la investigación, sin aludir a un delito en particular, contra Gómez Centurión y también contra Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, empresario ex dueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack.

No obstante, en la denuncia original se los acusa de una supuesta connivencia con contrabandistas.

Según indicaron fuentes judiciales, Marijuan solicitó una serie de pedidos de informes a registros públicos para corroborar el contenido de la denuncia, que comenzarán a ser dispuestos a partir de hoy.

En la denuncia del Ministerio Público se mencionó además de Gómez Centurión y Barreiro Laborda a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán, al abogado Edgardo Rodolfo Paolucci, quien fue funcionario en la Aduana; a Julio César Tizado, quien seria un empleado de “Cuqui”, y a Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.

Los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofre se presentaron ante el juzgado a cargo de Lijo como letrados de Gómez Centurión para ponerse a disposición de la Justicia para que lo investiguen.

El funcionario desplazado preventivamente hizo su descargo público en una serie de entrevistas en los últimos días, diciendo que estaba siendo víctima de intereses que había tocado durante sus primeros meses de gestión.

El último viernes el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, radicó una denuncia penal tras recibir un anónimo donde se aludía a una red de contrabandistas con protección oficial y el supuesto tráfico de unos dos mil contenedores.

El militar había sido elegido por Mauricio Macri para avanzar con reformas profundas en la Aduana, uno de los organismos más permeables a la corrupción.

LA GESTION

Durante su corta gestión, desplazó a decenas de funcionarios y atacó varios frentes de conflicto históricos como el aeropuerto de Ezeiza y el negocio de los depósitos fiscales.

Su salida, por ahora preventiva, fue una decisión del Presidente. “Me duele porque soy inocente, pero entiendo la decisión”, le dijo a un matutino porteño.

El encargado de llamarlo fue el titular de la AFIP, Alberto Abad. Goméz Centurión estaba en la ruta, a la altura de Don Torcuato, luego de varias jornadas de trabajo en la provincia de Corrientes.

Apenas diez minutos después, la noticia ya se había filtrado en los medios. A última hora del viernes pudo hablar con Macri.

“Me explicó que era mejor para que yo me defienda y se conozca la verdad”, fue el resumen de la conversación telefónica. Pese al golpe, ya comenzó a trabajar junto a sus abogados. Y ayer se presentó en Comodoro Py. Está convencido que fue víctima de una operación “mafiosa” donde están involucrados “ex servicios de inteligencia”.

La denuncia, acompañada de algunos audios editados, aterrizó en el ministerio de Seguridad, que terminó haciendo la presentación judicial.