El juez federal Ariel Lijo dispuso ayer un procedimiento en el despacho del desplazado Director General de la Aduana Juan José Gómez Centurión y secuestraron computadoras y agendas privadas, con el fin de analizar las denuncias que lo vinculan con hechos de corrupción.
Lijo firmó una “orden de presentación” para que agentes de la Gendarmería y enviados del juzgado procedieran a llevarse las agendas personales y computadoras del ex funcionario, informaron fuentes judiciales.
Con ese material el juez podrá evaluar cómo avanza la investigación para corroborar los términos de la denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad y que llevó a la titular de la cartera, Patricia Bullrich, a presentarla en tribunales después de consultar al presidente Mauricio Macri.
IMAGENES EN UN SHOPPING
El juez había dispuesto además analizar las cámaras de seguridad del complejo comercial Buenos Aires Design, de Recoleta, donde supuestamente se habría realizado una reunión entre dos de los denunciados, pero los voceros dijeron que no se los habría identificado en esas imágenes.
El fiscal Guillermo Marijuán imputó a Gómez Centurión y al empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, ex dueño de la empresa de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack, quienes se pusieron a disposición del juzgado.
Esta semana, además de defenderse en varias entrevistas que dio a distintos medios, Gómez Centurión se puso a disposición de la Justicia y presentó a sus abogados defensores, Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofre.
Gómez Centurión, en ese sentido, aseguró que volverá a “su cargo a luchar contra las mafias”, y conjeturó que la denuncia que se presentó en su contra está relacionada con una maniobra de defraudación por más de 14 mil millones de dólares.
El desplazado funcionario afirmó que antes de ser denunciado investigaba una defraudación con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), en la cual aparecen 55 códigos tributarios adulterados.
“La misma semana en la que fui denunciado habíamos empezado esta investigación. Creo que puede haber en mi contra una operación de los servicios de inteligencia, se trata de mano de obra desocupada, gente que no pertenece a la actual estructura de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”, señaló el ex militar, quien participó de los alzamientos carapintadas a fines de los años ‘80.
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