Investigan a Cristina por giros al exterior

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y del ex ministro de Economía Axel Kicillof y la prohibición de salir del país para ambos, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que mantiene en prisión al empresario K Lázaro Báez.

Más tarde el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer una serie de medidas tendientes a agilizar la prueba en una de las derivaciones de la causa por la llamada “ruta del dinero K”, pero no resolvió sobre los pedidos del fiscal.

A criterio de Marijuán, la ex presidenta no podía desconocer la información clave que se había enviado desde Estados Unidos y esos datos no le habrían resultado ajenos teniendo en cuenta los vínculos comerciales del matrimonio Kirchner con el dueño de Austral Construcciones, detenido desde el pasado 5 de abril.

Se trata del expediente que investiga si el Gobierno de Cristina Fernández ocultó y luego borró información clave sobre cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones millonarias vinculadas a Báez, cuando los abogados de los llamados “fondos buitre” iniciaron una acción de búsqueda de propiedades para intentar embargar cuentas argentinas en el exterior y así cobrar lo que el Estado argentino no les reconocía.

APUNTAN A LA EX PROCURADORA

En el marco de esa búsqueda de “Discovery”, el Estado argentino fue informado a través de miles de mails que daban detalles sobre 123 sociedades creadas en el Estado de Nevada, supuestamente vinculadas a Báez, pero la entonces procuradora Angelina Abbona habría eliminado esa información, cuando llegó la nueva gestión de Mauricio Macri.

Esa información había sido publicada en junio pasado en un matutino porteño y fue reflotada el último fin de semana a través del programa Periodismo Para Todos, en Canal 13, bajo el titulo “Cristileaks”.

En ese marco, Marijuán presentó ayer un dictamen para que, además de las indagatorias que ya había solicitado para Abbona, su segundo Horacio Diez, y el secretario Legal y Técnico de Economía, Federico Thea, se incluya en la lista a la ex presidenta y al ex titular de la cartera de Hacienda por “encubrimiento y omisión de denuncia”.

Tras el pedido del fiscal, el juez Casanello ordenó entrecruzamientos de llamados y remitió oficios a los juzgados de Claudio Bonadio y Julián Ercolini, que ya investigan a la ex presidenta, para saber si en sus causas se le prohibió la salida del país a la ex jefa de Estado.

Fuentes judiciales indicaron a DyN que ahora, con una nueva gestión por parte del gobierno de Mauricio Macri y un acercamiento a los Estados Unidos, podrían conocerse los detalles del informe donde se solicitaba constancia de la relación entre Báez y la firma Aldyne, de las islas Seychelles, que maneja 148 compañías y es señalada como una empresa clave en la “ruta del dinero K”.

El juez también aspira a tomar testimonio a los abogados del estudio jurídico contratado por la Argentina para tener detalle sobre la información que, según el fiscal Marijuán, habría sido borrada.

También pidió a la Procuración del Tesoro y a Economía que informe si se llevaron expedientes administrativos. Al mismo tiempo, Casanello ordenó analizar los llamados entrantes y salientes de la ex Procuradora Angelina Abbona, de su segundo, Horacio Diez, y del ex secretario Legal y Técnico de Economía Federico Thea, ya imputados en la causa y cuyas indagatorias fueron ordenadas aunque no tienen fecha, añadieron las fuentes.