El fútbol empezará hoy, después de tres meses de receso, por un compromiso del Gobierno para darle más plata a la AFA. Hay que decirlo sin vueltas: es un despropósito. Deberían buscarse otros caminos, y no comprometer recursos del Estado para financiar los desmanejos de los clubes. El fútbol es un inmenso negocio, que no debería estar subsidiado con fondos públicos.
En un país con carencias de todo tipo, en el que el Estado debe dar respuesta ante las angustias de gran parte de la población sumergida en la pobreza, no puede ocurrir que se destinen importantes partidas presupuestarias para financiar una actividad que es importante -por supuesto- pero que genera sus propios recursos y representa, en si misma, uno de los negocios más prósperos en todo el mundo.
No se puede ignorar, además, que las asociaciones de fútbol, tanto a escala local como internacional, están afectadas por graves sospechas de corrupción y manejos financieros turbios. Es otra razón para que el Estado no ponga plata en esa suerte de caja negra en la que se ha convertido la AFA.
Las cifras son muy significativas. El Estado aportará a los clubes, mediante Fútbol para Todos y hasta fin de año, un total de 1.250 millones de pesos. Le pagarán 1.500.000 de pesos por mes a la Primera B Nacional desde agosto a diciembre; 648.000 a la Primera B Metropolitana; 250.000 a la Primera C y el Federal A, más 100.000 a la Primera D, que surgirá de un fondo solidario de la B Nacional.
Aunque parezca un lugar común, no puede dejar de preguntarse cuántas escuelas podrían repararse con ese dinero; cuántos hospitales podrían equiparse; cuánto se podría destinar a hacer más seguras las rutas de la muerte. Por supuesto, también habría que preguntar cuántos comedores y merenderos comunitarios podrían ser asistidos con esas partidas.
El fútbol necesita un profundo saneamiento en varios frentes. Los clubes deben equilibrar sus cuentas; la AFA debe garantizar una prolija administración; la connivencia con los barrabravas debe ser desarticulada y el manejo del negocio se debe profesionalizar. El Estado tiene otras demandas y otras urgencias; no debería salir en auxilio de una actividad que genera millones y millones de pesos y que tiene una enorme deuda de transparencia.
La televisación de los partidos no debería considerarse un servicio público, sobre todo en un país donde los servicios esenciales exhiben dramáticas limitaciones y carencias. La aspiración de que todos tengan acceso a los partidos de fútbol por TV es legítima y puede ser razonable. Pero habrá que encontrar la fórmula para hacerla sustentable, sin que sea el Estado el que deba hacerse cargo.
Cabe esperar que la crisis innegable en la que está envuelto el fútbol argentino se convierta, al fin y al cabo, en una oportunidad para repensar aspectos fundamentales de esta actividad. Los objetivos quedan enunciados: transparencia, autogestión, profesionalismo y sustentabilidad. Son exigencias básicas para una actividad que mueve y genera, en cada torneo y cada fecha, una cantidad impresionante de recursos.
El fútbol es el gran deporte nacional. Pero eso representa obligaciones con el país.
SUSCRIBITE a esta promo especial