El Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres), de la Universidad de Belgrano, advirtió que para que la recomposición tarifaria “resulte aplicable” deben regir "los principios de racionabilidad, proporcionalidad y gradualismo". “En este necesario proceso de recomposición en curso de precios y tarifas del sector energético resulta imprescindible considerar los niveles de ingreso de los hogares, toda vez que los aumentos impactan directamente en las canastas de consumo de bienes y servicios por parte de las familias, afectando en consecuencia el nivel y calidad de vida de las mismas”, manifestó el Ceres a través de un informe.
En marzo y junio, el centro de estudios ya advirtió que la cuestión tarifaria "corría el riesgo de judicializarse si los procedimientos no se ceñían a lo que la ley establece”. Por su parte, Andrés Di Pelino, miembro de Ceres, explicó a Télam que “hay que ser muy cuidadoso a la hora de aumentar las tarifas”, debido al contexto inflacionario. “Lo que decimos como Centro, desde el punto de vista académico, es que debe regir un principio de racionabilidad. Los precios que los usuarios pagan por la energía tienen que ser razonables”, y advirtió que en la actualidad “son irrisorios”.
Ademas del principio de racionabilidad, la recomposición tarifaria debe ser proporcional y en este sentido el economista resaltó que ”la canasta de los bienes deben guardar relación”. Finalmente, Di Pelino enfatizó la necesidad de “recomponer los precios de los servicios públicos de manera gradual, pero no así, de golpe”. “Hubo un error de haber hecho todo de golpe, sin asistencia y el otro error, la mala praxis, no haber llamado a las audiencias públicas”, añadió.
Para el Ceres, el gobierno Nacional "quedó enredado en un laberinto ante la sucesión de medidas judiciales adversas -amparos, cautelares, etc- y no logró encontrar una salida administrativa al asunto, que el presente fallo de la Corte Suprema de Justicia vino a ordenar". A su vez, en el informe coincidieron en que el costo fiscal derivado de la no aplicación de los cuadros tarifarios es cercano a los 1.323 millones de dólares (aproximadamente 20.000 millones de pesos).
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