El último miércoles, el jefe de Gabinete Marcos Peña reclamó ante la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley de Empleo Joven, un proyecto impulsado por el Gobierno que ingresó en abril y desde entonces ni siquiera llegó a tratarse en comisiones, por diferencias en los distintos bloques.
Peña pidió que no se postergue el debate y dijo que el oficialismo está dispuesto a introducir modificaciones para lograr el respaldo opositor. Con todo, el tema parece congelado porque sectores de la oposición ven al proyecto como una flexibilización laboral encubierta.
El plan propuesto por el gobierno nacional prevé incorporar o formalizar la situación de 200.000 trabajadores mensuales a partir de su puesta en marcha, según se indica oficialmente.
La baja de aportes de las empresas empleadoras durante los tres años de extensión de la iniciativa se estima en 7.500 millones de pesos.
Se trata de una ley “claramente fiscal” que se complementará “con otras medidas que estamos proponiendo, pero eso será después de reuniones de consenso con sindicatos, empresarios y el sistema educativo”, se indicó.
También se afirmó que se impulsarán cambios en la ley de Pasantías que tiene “cuatro o cinco artículos que provocan un rechazo inmunológico por parte de todas las empresas”.
La modificación propuesta para integrar a los estudiantes con las empresas impulsa “prácticas formativas”, por un lado; y por otra parte, “prácticas profesionalizantes”.
Estas últimas serán “curricularmente mandatorias para terminar la formación, y se podrán hacer en instalaciones del sistema educativo o de empresas privadas o públicas”, se explicó desde la secretaria.
El plan subsidiará el empleo de jóvenes de entre 18 y 24 años y beneficiará a empleadores que incorporen nuevos trabajadores mediante la exención del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales a la seguridad social, al PAMI y de la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo.
Si la empresa es de menos de 200 empleados los descuentos son mayores, con lo cual el subsidio puede alcanzar al 100% de los aportes patronales, o bien, llegar a 80% en compañías es de más de 200 trabajadores, con lo cual la rebaja del costo laboral total para el empleador rondará entre 20 y 30%.
“En paralelo con esto, -se indicó-, siguen vigentes dos regímenes: uno por distancia a la Capital Federal, de reducción de 8 o 9% contra impuestos nacionales o provinciales; y otro, sólo para microempresas de menos de cinco trabajadores, que condona el 50% de las cargas patronales en todo el país”.
SUSCRIBITE a esta promo especial