En Abasto, en abril de 2015, un grupo de quinteros, vecinos y militantes de agrupaciones de izquierda de nuestra región tomó medio centenar de hectáreas que habían pertenecido a una empresa textil, a la altura de 520 y 214. Con el correr de los días, el predio llegó a albergar a más de mil familias, y la localidad se sumió en un tenso y prolongado conflicto.
La puja derivó en la expropiación de las tierras por parte del Estado bonaerense, sanción de ley específica mediante. Se realizó un censo, y se conformó una mesa de gestión con representantes de todos los sectores para avanzar en un proyecto de urbanización cuyo ritmo, hasta ahora, es más bien pausado. Apenas se advierten algunos movimientos de apertura de calles.
En este ínterin, vecinos de Abasto denuncian que algunos de los lotes de 12 metros de frente y 25 de fondo que se “preadjudicaron” a familias presuntamente necesitadas, se venden entre los quince y los cincuenta mil pesos.
“La reventa está prohibida por la ley y por la asamblea interna, y quien lo haga será expulsado; si hubo algún caso, es aislado y no refleja la actitud ni la voluntad de la mayoría” afirma Ramiro Berdesegar, uno de los líderes de la toma y parte del cuerpo de 37 delegados del incipiente barrio: “de hecho, se les retiró la preadjudicación a quince familias que se constató que tenían otra propiedad”.
El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, que es además uno de los futuros vecinos del lugar, añade que “en noviembre, cuando se cumpla un año del ingreso, realizaremos un nuevo censo para ver si los que están en cada lote son quienes corresponde. Queremos que esto avance tal como se planeó, con once kilómetros de calles, mil lotes de 10 por 25 metros, un espacio verde a la vera del arroyo y un plan a 25 años para pagar la tierra y las inversiones en infraestructura. Cuando esto se concrete, uno de cada cuatro habitantes de Abasto vivirá acá”.
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