Unos 40 vecinos de La Granja se reunieron con autoridades policiales para reiterar lo que vienen pidiendo desde hace tiempo: seguridad. Lo hicieron con fuerza y algunos planteos graves, como la sospecha de que “la comisaría del barrio no eleva las denuncias a las fiscalías”, contó María, una de las organizadoras del encuentro.
Comenzó a las 20.30 del viernes en la sede del Club de Fomento Altos de La Granja, en 138 entre 517 y 518, y se prolongó hasta poco después de las 22. De un lado estuvieron los frentistas y un concejal opositor. Del otro, autoridades de la Jefatura Distrital Oeste, la subcomisaría La Unión y la Policía Local.
“Supuestamente hay causas que entran en la subcomisaría y no salen para la fiscalía (en turno)”, comentó María, refiriéndose a una denuncia que “hizo la dueña de una casa usurpada, que hace tres meses que está en la dependencia”.
Al escuchar este caso, otros vecinos se interesaron por la suerte que corrieron sus propias denuncias, algunas originadas en violentos asaltos. “Es que muchos nunca tuvieron respuesta y quieren saber”, dijo otra vecina, Cristina, antes de confirmar que el titular de La Unión “dijo que si hubo alguna falla de un oficial él se hacía cargo como responsable” de la seccional.
Aunque reconoce que el de la inseguridad es un problema generalizado, Cristina considera que “lo que está pasando en nuestro barrio no tiene antecedentes”. Del encuentro del viernes participaron frentistas de San Carlos, donde el 11 de agosto fue asesinado de un tiro en el pecho Orlando Casimiro, al intentar frustrar un robo callejero.
compromiso
Los vecinos se retiraron del Club de Fomento con el compromiso de que los jefes de la Distrital y la Policía Local iban a reunirse para acordar la distribución de móviles y motos en uno de los sectores más “calientes” de San Carlos.
En la zona viven hoy más de 70 mil personas y en la subcomisaría de la que dependen hay dos patrulleros. Los vecinos son conscientes de que “la prevención la hace el Comando de Patrullas, pero la que toma la denuncia es la dependencia. Si encima no la mandan a las fiscalías, no tenemos ninguna posibilidad de resolver el problema”, analizó María.
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